Tributos 2024
El debate político se ha situado en la estridencia y la infantilización permanentes. Da vergüenza seguir las descalificaciones gruesas y la falta de argumentos sensatos. De los próceres de la patria cabría esperar críticas y propuestas llenas de fundamento, porque la discrepancia es esencial en democracia, pero también la inteligencia, la decencia y el respeto a la ciudadanía.
Mientras nos abruman con “batallas culturales” y diatribas ajenas a nuestra vida cotidiana, en las instituciones se siguen tomando decisiones que sí afectan a nuestro día a día. También en la institución más cercana, nuestro Ayuntamiento.
Hasta hace unos días se encontraban en tramitación las ordenanzas fiscales para 2024. Se trata de tres expedientes (271/23, 306/23 y 323/23) que afectan, entre otras, a las Ordenanzas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Canon de inversiones en Infraestructuras Hidráulicas (Emasagra) y Tasa de Recogida y Tratamiento de Basura.
En mi opinión hay un elemento común a los tres expedientes. Introducen una serie de discriminaciones y generan por tanto un tratamiento injusto, hacia todos o una parte de los granadinos.
Respecto al Canon de Inversiones Hidráulicas resulta incomprensible que se pretenda cobrar exclusivamente a los usuarios de Granada capital y no a los usuarios de los otros 14 municipios en los que el servicio del ciclo integral del agua es prestado también por Emasagra. En total serán 10,4 millones de euros que de forma discriminatoria se incrementarán exclusivamente en el recibo del agua de los granadinos.
Las inversiones que se financian con este canon son infraestructuras que van a repercutir en un ahorro considerable en los gastos de energía de la empresa y por tanto contribuirán a mejorar sus beneficios. Por este motivo entiendo que lo lógico sería que aquellas se financiaran a cargo de los seis millones de beneficios que Emasagra obtiene de media cada año y no subiendo el recibo del agua. La repercusión de esos costes durante los 15 años de vigencia del Canon sería mera calderilla para la empresa en proporción a esos enormes beneficios.
Se convierte así este Canon en un mecanismo de transferencia directa de dinero desde nuestros bolsillos a Emasagra. Y de forma indirecta hacia las arcas del socio privado, Hidralia (grupo Aguas de Barcelona-Suez) que por la vía del reparto de dividendos más la cláusula del Know How (“Saber Hacer”) se embolsa más de ocho millones de beneficios anuales.
Lo más curioso e inexplicable es que en el Pleno del 27 de octubre, en el que se aprobó inicialmente esta Ordenanza, votaron a favor, unánimemente, la alcaldesa y los concejales del PP, PSOE y Vox. A pesar del enorme agravio que supone para los vecinos de Granada.
En relación con el IBI, no hay una subida generalizada para todos los inmuebles ya que se mantiene el tipo general. Pero se introducen cambios en los tipos diferenciados, que se aplican según los usos de cada inmueble y que afectan de forma muy distinta a según qué sectores.
Así para el sector del comercio se produce una bajada del 10% para las más grandes superficies mientras que se incrementan un 40,84% para locales comerciales bastante menores. Para una parte de los inmuebles destinados a uso industrial o de oficinas el incremento será del 56%.
Resulta especialmente llamativo que se elimina el recargo del 50% a las viviendas que se encuentren desocupadas de forma permanente y sean propiedad de grandes tenedores (cuatro o más viviendas), que se introdujo hace dos años pero que no fue implementado por el equipo de gobierno del PSOE.
En relación con la Ordenanza de recogida y tratamiento de basura, se aplica una subida media del 88% en la tasa de tratamiento. La justificación de este incremento sería la entrada en vigor del Impuesto por depósito de residuos en vertedero. Un nuevo tributo cuya recaudación será para la Junta de Andalucía y cuyo propósito, según la ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, es desincentivar el depósito de residuos en vertedero, especialmente respecto a la fracción orgánica, y reducir la generación de residuos y sus impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana.
Por este motivo, lo razonable sería que este impuesto corriese a cargo de la Diputación provincial, dado que es la titular de la planta de tratamiento, en la que según sus propios datos el 65% de los residuos que se llevan acaban en vertedero sin ser procesados. Por tanto, sólo si el responsable de mejorar la eficiencia del tratamiento de los residuos es quien paga este impuesto se podrá motivar el avance en el cumplimiento de los objetivos de reducción de vertidos.
Así lo propuso el PSOE en la Diputación, en su pleno del 27 de septiembre, donde votó en contra de los criterios de cálculo y liquidación de este impuesto que formuló el gobierno provincial del PP. Aunque de forma incongruente sus concejales en el Ayuntamiento de Granada votaron a favor del incremento de la tasa, junto a los del PP, en el pleno del 24 de noviembre.
Por otro lado, en esta Ordenanza no se han incorporado las bonificaciones previstas en la ley, por compostaje, individual o colectivo, y para las empresas de distribución alimentaria y restauración que establezcan sistemas de reducción de residuos alimentarios, en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro.
No debemos olvidar que se plantea este incremento cuando han transcurrido tres años desde que finalizó el contrato de Recogida de Basura y Limpieza Viaria, tras 50 años de vigencia. Que se encuentra en una situación de prórroga forzosa, que sin duda se hará aún más amplia puesto que ahora mismo ni tan siquiera está abierta la nueva licitación, después de que el TACP anuló los pliegos de la licitación iniciada en abril de 2023.
Si el PSOE incurre en la flagrante contradicción de votar una cosa y la contraria según la institución, no lo hace menos la alcaldesa, Marifran Carazo (PP), que prometió en campaña electoral una rebaja de tributos y ahora hace lo contrario.
Cosas de la política. Mientras nos entretienen con fuegos de artificio y niñerías, lo importante se gestiona día a día al margen de los intereses ciudadanos.
