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Jueves, 20 de Septiembre de 2018

TRIBUNALES

El denunciante del caso Romanones critica ante el Papa no haber sido informado sobre el proceso canónico

Insiste en que hubo "indicios racionales suficientes" para "confirmar que los abusos han existido"

E.P. | 13 septiembre, 2018 | 19:41

El denunciante del denominado caso Romanones ha remitido una carta al Papa Francisco en que critica que no se le haya informado del resultado del proceso canónico de investigación que se abrió en el seno de la Iglesia para conocer el alcance de los hechos que denunció y lamenta sus últimas declaraciones sobre el tema, que son “tremendamente ofensivas” para las supuestas víctimas de “abusos sexuales de Granada”.

En la misiva, el denunciante, que firma la carta en Pamplona y Granada junto con otras tres supuestas víctimas, ha indicado que, en el proceso jurídico que acabó en la absolución del padre Román del delito de abuso sexual por el que fue juzgado en la Audiencia Provincial granadina, hubo “indicios racionales suficientes” para “confirmar que los abusos han existido”.

Ha lamentado ante el Santo Padre que “sus declaraciones a la prensa internacional acreditada ante la Santa Sede llevadas a cabo en el transcurso del viaje de vuelta de Irlanda del pasado 26 de agosto de 2018 son tremendamente ofensivas para todas las víctimas del caso de abusos sexuales de Granada”.

Los supuestos delitos denunciados estaban “prescritos por aplicación legal obligatoria de la ley de prescripción española” pero presentaban, para los firmantes de la carta al Papa, “indicios fácticos más que suficientes para ser juzgados por el derecho canónico –cosa que no han hecho ni desde el Vaticano, ni desde la Congregación para la Doctrina de la Fe”.

Todo ello “no merece en ningún caso hablar de que esta denuncia fue por fantasía” como “ha afirmado peyorativamente Su Santidad ante los medios”, han agregado para criticar que el proceso canónico “de haberse celebrado”, se ha llevado a cabo “de espaldas al citado denunciante”, a quien “no se ha informado de su resultado”.

“¿Seguirán si informar a ninguno de los cuatro denunciantes que sufrimos abusos de ese grupo de sacerdotes a quienes abrazan y les invitan para celebrar misa conjuntamente en el próximo mes de octubre en el Vaticano? ¿Seguirán archivando u ocultando un proceso canónico del que ninguno hemos tenido la más mínima notificación?”, se han preguntado los firmantes, quienes han preguntado también al Papa “qué medidas reales está tomando contra la pederastia de sus sacerdotes”.

“Con todo el dolor de nuestra alma y la decepción de ver cómo esta Iglesia de Cristo defrauda a las víctimas para abrazar a los abusadores de edad de menores de edad, víctimas inocentes”. En estos términos concluye esta carta, de la que ha informado este jueves el diario ‘El País’.

Sentencia Absolutoria

La Audiencia de Granada absolvió al padre Román tanto por la falta “total y absoluta” de pruebas contra él como por la “inconsistencia del relato” del denunciante, que, a juicio de la sala, incluyó “graves contradicciones” y aspectos “absolutamente inverosímiles”. La sentencia, no obstante, fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que eximió al denunciante del pago de las costas.

El caso se hizo público el noviembre de 2014, cuando fueron detenidos el considerado líder del clan, el padre Román, dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas, diez sacerdotes y dos laicos.

La Audiencia de Granada acabó declarando prescritos los delitos que se le atribuían a once de ellas, confirmando que la causa sólo debía continuar contra el padre Román, considerado el líder del grupo.

Todo se precipitó después de que el joven comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.

Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer denuncia contra todos los afectados.

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