Cáritas destinó en Granada 5,6 millones de euros para ayudar a casi 6.000 personas durante el pasado año
Las ayudas de emergencia han crecido un 60%
Cáritas Diocesana en Granada destinó el pasado año 5,6 millones de euros para ayudar a casi 6.000 personas en situación de precariedad.
Así se desprende de la memoria anual de actividades, en la que se detallan los recursos invertidos y las actuaciones realizadas en un año marcado por la crisis del Covid-19.
Según el informe presentado por el delegado episcopal, Alfonso Marín, y la directora de Cáritas Diocesana de Granada, Luisa Maeso, la entidad de la Iglesia católica ha invertido en el último año 5,6 millones de euros en ayudar y mejorar las condiciones de vida de 5.984 personas en la diócesis de Granada.
De este modo, las aportaciones de socios, donantes y colaboradores privados ascienden a 3,6 millones de euros -el 69% de los fondos privados-; mientras que las administraciones públicas han financiado el conjunto de proyectos y centros de acción social con cerca de dos millones de euros -1.917.474 euros-.
Los capítulos a los que Cáritas destina mayor volumen de recursos son los centros sociosanitarios 'Santa Isabel' y 'Oasis' de atención a personas Mayores y Discapacitadas (2,5 millones), los programas de Acogida y Atención Primaria (un millón), Empleo (691.980 euros) y los programas educativos de Familia, Infancia y Juventud, Mujer e Inmigración (161.646 euros).
La organización ha destacado el aumento de los recursos destinados al Programa de Acogida y Atención Primaria, con un 61% más en el conjunto de ayudas destinadas a vivienda, alimentación y ropa, sanidad y educación.
Si bien el número de personas ha descendido con respecto a 2020 (-26%), las ayudas de emergencia han crecido un 60%. Como ha señalado Luisa Maeso en su presentación, “las personas cada vez afrontan situaciones más complejas y requieren de mayor apoyo y recursos para mantener unas condiciones de vida dignas”.
El pago de alquileres, hipotecas y suministros crece un 58%, debido a la finalización de las moratorias de pago decretada por el gobierno durante la pandemia. El capítulo de suministros ha llegado incluso a cuadruplicar su inversión en el último año para sufragar las deudas de las familias.
Según los datos recopilados en atención primaria, un 17% de la población atendida ha recibido avisos de corte de suministros y un 4% han sufrido algún tipo de amenaza de expulsión de su vivienda (inmediata o no). Una delicada situación teniendo en cuenta la situación económica prevalente, donde el 36% no dispone de ningún ingreso, más del 40 % recibe prestaciones sociales y ayudas de instituciones. Y en torno a un 13%, percibe ingresos de un trabajo eventual, precarizado o marginal cuyo salario no les permite cubrir las necesidades básicas.
Como estrategia de subsistencia, muchas personas se han visto obligadas a recurrir al cambio de vivienda (3%), compartir piso (6%), volver a casa de los padres (1%) o incluso optar por el subarriendo habitacional (4%), mayormente en población de origen inmigrante, que presenta "unas peores condiciones de vida, con viviendas mal acondicionadas y mayor hacinamiento". En torno a mil personas han sufrido alguna deficiencia grave en su hogar o conviven en condiciones de insalubridad con humedades, suciedades y olores.
Brecha digital
Otra de las estrategias para la supervivencia ha supuesto la reducción de gastos habituales en alimentación, ropa y calzado, y también en salud. La situación de crisis ha provocado que "las personas descuiden su salud" por la incapacidad de afrontar los gastos derivados de medicamentos y tratamientos. Muestra de ello, es el marcado incremento en las ayudas para tratamientos bucodentales, medicación, óptica, ortopedia y audífonos, con una inversión de 56.152 euros.
A todas estas situaciones de precariedad, se suma la brecha digital, que afecta a tres de cada diez personas atendidas y les impide acceder a oportunidades laborales, formativas o a prestaciones sociales. Por este motivo, el capítulo de ayudas de emergencia para la educación y formación ha destinado 41.953 euros a la adquisición de material informático (tabletas, ordenadores y móviles) y el abono de conexiones a internet especialmente a familias con menores en edad escolar y adolescentes.
Cabe subrayar el hecho de que en siete de cada diez hogares atendidos hay niños, y dos de cada diez son hogares monoparentales que se han visto obligados a recurrir a estrategias de reducción de gastos en mayor medida que el conjunto de la población.
Dentro del conjunto de proyectos de lucha contra la pobreza y exclusión, el Programa de Empleo ha ayudado a 700 personas a buscar un trabajo en un entorno laboral más inseguro y precarizado. A pesar del contexto, 236 personas han conseguido un empleo, 252 han mejorado sus competencias digitales, habilidades sociales y laborales. Y 107 han podido formarse y mejorar su cualificación. Ya que el 68% de los usuarios carece de estudios básicos o solamente han completado los ciclos de educación primaria y secundaria. Los niveles educativos superiores como formación profesional y estudios universitarios representan sólo el 9%.
Tal y como muestra el informe, los perfiles mayoritarios atendidos son familias con hijos, cuyo sustentador principal se encuentra en desempleo. La mayoría de ellas ya habían sido atendidas en años anteriores (56%).
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