El Ayuntamiento reclama "eficacia" para reducir las listas de espera de protección internacional en Granada
La concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores ha señalado que los recursos municipales de servicios sociales se están viendo "colapsados"
El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Granada lleva a la aprobación del pleno de marzo una moción que exige al Gobierno de España que ponga en funcionamiento "de manera inmediata y efectiva" medidas para abordar el problema de acceso al sistema de citas previas para solicitar protección internacional a las personas refugiadas.
La concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, Amparo Arrabal, ha explicado en una nota de prensa del Consistorio que el sistema de citas de la Administración Central "no está funcionando y cuenta con una larga lista de espera a la que las personas solicitantes de asilo no pueden hacer frente".
La edil ha señalado que de esta manera "se está mermando el derecho a buscar protección ya que la solicitud de asilo es un requisito imprescindible para que las personas puedan acceder al sistema de acogida de protección internacional”.
Arrabal ha explicado que, en el caso de Granada, los recursos municipales de servicios sociales se están viendo "colapsados" porque multitud de personas, incluyendo familias con menores a cargo y mujeres embarazas, llegan hasta la provincia por el Puerto de Motril, "encontrando gran dificultad para que el Sistema de Protección Internacional atienda la emergencia de alojamiento”.
La concejala ha denunciado que estas personas encuentran "casi imposible" solicitar una primera cita con la Policía Nacional, "necesaria para solicitar la protección, por lo que acuden a nuestros centros residenciales en busca de acogida, donde mantenemos a las familias hasta que tienen acceso al Programa de Emergencia de Protección Internacional, lo cual tarda bastantes meses, colapsando de manera grave el servicio municipal".
Según la concejala, el 47% de las personas alojadas en los recursos municipales durante el año 2023 tenían voluntad de solicitar protección internacional. La estancia mínima de estas personas en el alojamiento fue de cinco días y la máxima 304. “Esto tiene un coste muy elevado al que el Ayuntamiento de Granada no puede ni debe hacer frente”, ha aseverado.
La edil ha seguido indicando que "lo más sangrante" es que, una vez celebrado el primer contacto con la Policía Nacional, "emplazan a las familias solicitantes a una segunda cita con el objeto de formalizar la declaración de protección, pasando en ocasiones hasta casi un año”.
Así, “estos extranjeros acuden al servicio municipal y además de colapsar indebidamente nuestros recursos, ocasiona unos graves costes económicos que corresponden exclusivamente al Gobierno Central”, según Arrabal.
La concejala de Políticas Sociales ha pedido a la Administración “medidas inmediatas para abordar este problema”, por una parte, y que “refuerce sus compromisos internacionales en materia de asilo y refugio, colaborando con las instituciones locales y organizaciones no gubernamentales para gestionar de manera eficaz la recepción, acogida y protección de personas refugiadas en Granada, competencia exclusiva del Gobierno de España”.
Por su parte, el Consistorio ha reiterado "su compromiso" de colaborar "activamente" en la implementación de medidas que contribuyan a la integración y bienestar de las personas refugiadas, "promoviendo la diversidad y enriqueciendo nuestra comunidad con su riqueza del culturas y experiencias".
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