El PP critica que la Junta haya "privatizado" la gestión del Metro de Granada
"Sólo un mes después de que el consejero de Fomento, Felipe López, dijera que el modelo de explotación sería una gestión directa", ha denunciado
El Partido Popular de Granada ha afeado a la Junta de Andalucía "una nueva mentira" sobre el metro de Granada, ya que "sólo un mes después de que el consejero de Fomento, Felipe López, dijera en sede parlamentaria que el modelo de explotación sería una gestión directa por parte de la propia Junta", el Consejo de Gobierno ha autorizado licitar su explotación por un importe de 33,5 millones de euros para un periodo de seis años.
La parlamentaria granadina Ana Vanessa García ha manifestado en un comunicado que el PSOE lleva "nueve años mintiendo" en relación con la citada infraestructura y ha recordado que el consejero, en un debate parlamentario con ella, dijo "claramente" que la Agencia de Obra Pública gestionaría directamente el metro "y añadió que, al ser pública la explotación, eso significaría un ahorro importantísimo en gastos empresariales y que el déficit de explotación sería muy bajo, de un millón de euros al año".
"Todo eso queda ahora en agua de borrajas", ha agregado la diputada, que reprocha a los socialistas que sigan sin aclarar datos fundamentales como la inversión total. "El consejero dice que son 558 millones y que se pagan con las aportaciones de la Junta, el Banco Europeo de Inversiones y préstamos bancarios. ¿Y dónde deja a los ayuntamientos de Granada, Albolote, Armilla y Maracena, que han costeado el 17 por ciento del total? ¿Está ocultando ese dato para no devolverles el dinero de la Unión Europea?".
Con esto último, García se refiere a la proposición no de ley presentada por el PP y aprobada a principios de febrero en el Parlamento de Andalucía, con el apoyo de toda la oposición y el voto en contra del PSOE. A través de esa propuesta se pedía que la Junta repercuta en los citados ayuntamientos un porcentaje de los 263 millones con los que la UE ha subvencionado las obras. Como la aportación de los municipios supone un 17 por ciento del total, eso quiere decir que se les deberán devolver casi 45 millones.
"Es un acuerdo parlamentario y tienen la obligación de cumplirlo, pero después de nueve años de mentiras tampoco lo podemos asegurar", ha lamentado García.
