El PSOE acusa a Diputación de privatizar Visogsa basándose en "mentiras y falsedades"
La ley de Reforma Local obliga a disolver las empresas públicas en pérdidas
El grupo socialista de la Diputación de Granada ha afirmado este martes que el gobierno de la Corporación destinará a la empresa pública de Vivienda y Suelo de la institución, Visogsa, al mercado de la vivienda libre "como paso previo a su próxima liquidación".
Así lo ha señalado el portavoz del grupo del PSOE en la institución y exconsejero delegado de la entidad, José Entrena, quien ha advertido de que el gobierno ‘popular’ "pretende justificar el cierre y la privatización de Visogsa utilizando como coartada mentiras y falsedades" sobre la herencia socialista.
"Asistimos a una mera cortina de humo construida por Sebastián Pérez, que tiene decidida ya la liquidación de la empresa y no busca ninguna opción de viabilidad futura", ha asegurado Entrena, quien ha añadido que la única decisión del PP es destinarla a la construcción de vivienda libre.
Entrena ha incidido en que el anterior gobierno socialista dejó una 'herencia' en la empresa pública de 30 millones de euros, 16 millones en sus cuentas corrientes y 14 millones de subvenciones públicas pendientes de cobro por promociones ejecutadas. Además, ha incidido en las miles de viviendas y en la generación de empleos promovida por la actividad de la entidad.
Sin embargo, en sólo tres años, Sebastián Pérez "se ha cargado" esta empresa pública, ha manifestado Entrena, quien ha subrayado que Visogsa entrará en pérdidas en 2014. De esta forma, el dirigente socialista ha recordado que la reforma local aprobada por el Gobierno central obligará a su disolución, como con el resto de empresas públicas en pérdidas.
"Para no asumir su propia incompetencia e ineficacia para dotar de futuro y viabilidad a esta empresa pública, el PP alude a la herencia recibida con mentiras y falsedades", ha afirmado el representante socialista, quien ha insistido es desmentir las afirmaciones del actual consejero delegado de la entidad, José Antonio Robles, sobre una supuesta indemnización millonaria con motivo de una sentencia judicial desfavorable relativa a una operación urbanística.
Entrena ha recordado que, tras el correspondiente proceso de licitación, Visogsa adjudicó los derechos de superficie sobre una parcela para construir instalaciones deportivas, plazas de garaje y una zona comercial a una empresa por 1.771.000 euros. Sin embargo, la adjudicataria decidió dar marcha atrás y reclamar este importe.
El Consejo de Administración rechaza esta reclamación, ya que el propio contrato suscrito preveía que, en caso de incumplimiento, se abonara una penalización por la rescisión que equivaldría al 50 por ciento del precio de venta establecido.
Entrena ha explicado que, al salir a concurso la parcela, el pliego de condiciones preveía una cláusula de indemnización por incumplimiento del contrato que ascendía al 20 por ciento. Sin embargo, fue la propia empresa beneficiaria quien incluso mejoró este porcentaje y expuso que la cláusula de rescisión ascendiera al 50 por ciento en concepto de penalización.
De esta forma, y bajo el aval siempre de informes técnicos del secretario de la corporación según ha explicado el representante socialista, el entonces gobierno de la Diputación consideró que no existían causas objetivas para la devolución del importe. Se inicia un proceso judicial que se salda con una primera sentencia de diciembre de 2012, que condena a Visogsa a devolver el 50 por ciento del importe recibido (885.500 euros) más los correspondientes intereses legales. Esta decisión es recurrida y una nueva sentencia de 22 noviembre de 2013 mantiene la devolución del 50 por ciento, si bien revoca el abono de los intereses legales, lo que desmiente los datos aportados por el PP.
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