IU exige una revisión "profunda" de los procedimientos urbanísticos que se investigan en el caso Nazarí
El concejal Francisco Puentedura reclama que los responsables "paguen con sus bienes el daño patrimonial a la ciudad"
El concejal de IU en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha reclamado que se haga una auditoría “a fondo” de todos los procedimientos administrativos que se están investigando en el caso Nazarí.
Así lo ha trasladado este martes el edil de izquierdas, quien ha pedido que el Consistorio inicie una revisión “profunda” de todas las licencias urbanísticas y de actividad concedidas por la administración pública en la pasada legislatura, “y que afecten a zonas como el Serrallo, el plan parcial N2, el Palacio de Hielo, el edificio Progreso o el edificio que alberga la vivienda del anterior alcalde, entre otros”.
El portavoz de IU ha manifestado que las declaraciones de la exsecretaria del Ayuntamiento asegurando presiones para emitir o respaldar informes en sentidos que no eran los aconsejables, “demuestran la existencia de una trama, y la posibilidad de que existan más personas presionadas en este sentido”.
Según Puentedura, "el objetivo de la revisión es depurar cualquier irregularidad que se detecte en los trámites administrativos en la concesión de licencias y actividades de los últimos años para ponerla en conocimiento de los juzgados”.
El edil ha apuntado que el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional en el que se señala que la Operación Nazarí supone un daño patrimonial de 2o millones de euros, por lo que mantiene que la operación a favor de la transparencia en el Ayuntamiento de Granada tiene que servir también “para aplicar los expedientes sancionadores y las reclamaciones patrimoniales con objeto de que respondan por estos 29 millones de euros altos cargos del funcionariado, responsables políticos y empresarios que se hayan visto beneficiados con esta trama”.
Para Puentedura, "los responsables de caso Nazarí tienen que pagar no solo ante la Justicia, también administrativamente, y, por tanto, responder con sus bienes ante la reclamación patrimonial del Ayuntamiento”.
