domingo 28 noviembre
CASO EMUCESA  |   | E.P.

La acusación popular pide penas de hasta seis años de prisión en el caso Emucesa

La acusación ejercida por Marta Gutiérrez pide las mismas penas que la Fiscalía, que en su momento solicitó seis y cinco años de prisión para Eduardo Moral y María Francés

La acusación popular ejercida por la exconcejal de Vamos Granada Marta Gutiérrez ha solicitado penas de seis y cinco años de prisión para los exediles del PP en el Ayuntamiento de Granada Eduardo Moral y María Francés en el llamado 'caso Emucesa', en el que se investigan supuestas contrataciones irregulares de altos cargos en la empresa que gestiona el cementerio municipal en la anterior etapa de gobierno del PP.

Se trata del último escrito que faltaba por presentar ante el Juzgado de Instrucción 9 de Granada por parte de las acusaciones, entre las que también están la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el PSOE y la propia Emucesa.

La acusación ejercida por Marta Gutiérrez pide las mismas penas que la Fiscalía, que en su momento solicitó seis y cinco años de prisión para los citados exconcejales por "realizar, presuntamente, contratos irregulares cuando fueron consejeros delegados" de Emucesa durante los mandatos del PP.

Para los otros acusados, las cinco personas que supuestamente se beneficiaron de estos contratos entre 2005 y 2012 --cuando Emucesa era cien por cien pública--, la Fiscalía pidió penas que oscilan entre los cuatro y los cinco años y medio de prisión, así como inhabilitación especial o absoluta para cargo o empleo público. Todo ello, por la presunta comisión de delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.

El Ministerio Público ha pedido el sobreseimiento como investigado para el gerente de Emucesa, José Antonio Muñoz, que sí ha sido procesado por el Juzgado, y solicita que los siete acusados indemnicen a la empresa que gestiona el cementerio municipal con 309.831 euros.

La Fiscalía señala que se suscribieron contratos de "alta dirección" simulando "una relación laboral inexistente" y que "desde el momento de la firma, conocían, contratante y contratado, que el trabajo no iba a prestarse constituyendo éste un documento necesario para la asignación de la retribución que debía ser abonada por la empresa pública".

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