Lamentan que la "pinza PP-Podemos" perjudique a 2.386 empleados públicos de la provincia
Teresa Jiménez ha criticado que se alien contra la modificación que pretendía solventar la valoración de la antigüedad de los interinos andaluces en los concursos
Jiménez, durante su comparecencia en la sede del PSOE. Foto: aG.
La secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, ha calificado este viernes de "gravísimo atropello" para los intereses de los 2.386 empleados públicos de la provincia de Granada la "pinza" formada entre PP y Podemos en el Parlamento andaluz "en contra de sus derechos".
La socialista ha lamentado en rueda de prensa que estas dos formaciones votaran de la mano en contra del decreto Ley de modificación de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, que pretendía solventar la valoración de la antigüedad de los interinos andaluces en los concursos.
Así, ha explicado que el bloqueo de este proyecto, por parte de PP y Podemos, "trunca" los derechos de muchos funcionarios públicos que no podrán optar a una movilidad a la que tienen derecho ni podrán promocionarse internamente a otros puestos de trabajo, dos objetivos que perseguía la normativa.
Actualmente, los procesos selectivos correspondientes a la promoción interna, en los que ha finalizado la fase de oposición, están pendientes únicamente de la valoración de la antigüedad en la fase de concurso "y esto es lo que se ha bloqueado".
"Estamos ante un hecho gravísimo porque además de paralizar el concurso de traslados podría paralizar la oferta de empleo público de la Junta", ha señalado porque "no sería lógico abrir una convocatoria pública de empleo si antes no sabemos qué destinos podrían ser cubiertos con el personal que ya trabaja para la administración pública andaluza".
Ha asegurado que esta normativa es la misma que existe en el Estado y en otras comunidades como Galicia o Castilla León, por lo que la posición de Podemos y PP no tiene justificación. A su juicio, el voto de los grupos parlamentarios no puede servir para perjudicar a trabajadores que con su esfuerzo están ayudando a mantener la calidad de los servicios públicos.
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