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Más de 40.000 granadinos reciben la ayuda de 200 euros para mitigar la subida de precios
Esta medida busca proteger a las colectivos más vulnerables de la elevada inflación
En la provincia de Granada 41.287 personas han recibido la ayuda de 200 euros aprobada por el Gobierno para mitigar el impacto de la elevada inflación, especialmente en los colectivos más vulnerables, según datos de la Agencia Tributaria.
Los beneficiarios de esta iniciativa aprobada por el Ejecutivo a finales de diciembre del pasado año son trabajadores por cuenta propia o ajena y beneficiarios de la prestación o subsidio de desempleo en 2022, que el pasado año no superasen una renta de 27.000 euros brutos y cuyo patrimonio, descontando la vivienda habitual, no rebase los 75.000 euros. Además, deben tener residencia habitual en España.
Para el cálculo de importes se debe sumar la renta y el patrimonio de las siguientes personas convivientes en el mismo domicilio: el propio beneficiario, su cónyuge o pareja de hecho; los descendientes menores de 25, o con discapacidad, con rentas que no excedan de 8.000 euro y ascendientes hasta segundo grado por línea directa.
El plazo para solicitar esta ayuda concluyó el pasado 31 de marzo. Por provincias, en Andalucía se han beneficiado de este pago único de 200 euros 90.398 personas en Sevilla, 63.889 en Málaga, 54.454 personas en Cádiz, 52.779 en Almería, 42.649 en Huelva, 41.287 en Granada, 33.613 en Córdoba y 27.938 personas en Jaén.
Reducir situaciones de vulnerabilidad
Como ocurría con la anterior ayuda de 200 euros, queda excluidos de esta medida los pensionistas y perceptores del Ingreso Mínimo Vital por ser ya colectivos beneficiarios de otras medidas aprobadas pro el Gobierno como el incremento un 15% de las pensiones no contributivas y del IMV. Asimismo, los pensionistas tienen garantizado su poder adquisitivo con la revalorización de las pensiones conforme al IPC.
Por tanto, con esta ayuda de un pago único de 200 euros, se amplía los beneficiarios de la anterior prestación, con el objetivo de paliar el efecto perjudicial que la subida de los precios tiene, especialmente, sobre las rentas más bajas. De esta forma, con esta prestación se reducen las situaciones de vulnerabilidad económica que no están cubiertas con otras prestaciones de carácter social, como es el caso de las pensiones o el IMV.
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