Torres Hurtado defiende que "jamás" intervino en los expedientes de construcción del edificio donde vive
Se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación popular, ejercida por el empresario Ramón Arenas y la única en este proceso
El exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) ha declarado este jueves ante el Juzgado de lo Penal 1 de Granada que "jamás" intervino en los expedientes urbanísticos para la construcción del edificio donde tiene su residencia ni trató de interferir en la toma de decisiones de los trabajadores o funcionarios sobre este o cualquier otro asunto.
Torres Hurtado se ha sentado este jueves en el banquillo de los acusados junto a la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y el ex director general de Licencias del Ayuntamiento de Granada por la primera pieza separada del caso Nazarí en llegar a juicio, conocida como 'expediente Obispo Hurtado' y en la que se han investigado supuestas irregularidades en la construcción de un bloque en el que los dos exrepresentantes públicos tienen viviendas.
El exregidor ha defendido que durante su etapa de gestión siempre tuvo delegadas las competencias de Urbanismo y no ha participado en las decisiones del área; Tampoco respecto a esta promoción, según ha declarado.
Ni en la concesión de la licencia de primera ocupación del edificio -que data de 2015- ni en el expediente sancionador impuesto después por incumplimiento de lo recogido en la licencia de obras, los dos principales asuntos que se investigan en esta causa en la que tanto él como Isabel Nieto están acusados de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Ambos firmaron las escrituras en diciembre de 2012 y formaron una comunidad de propietarios de esta construcción, que llevó a cabo el hermano del exregidor, según ha declarado él mismo ante el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar.
Ha garantizado, no obstante, que no intervino en la tramitación urbanística del edificio y tampoco trató de influir en los funcionarios cuando se abrió el expediente sancionador a fin de rebajar la sanción impuesta a la comunidad de propietarios de la que formaba parte. Administrativamente fue declarada por la justicia como una falta leve. El asunto está vinculado con la altura de los techos y unos balcones acristalados que no permitía la normativa.
La concejal de Urbanismo
En la misma línea se ha pronunciado durante el juicio la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, quien ha garantizado que no intervino ni en la licencia ni en el expediente sancionador, rechazando que existiera cualquier tipo de "connivencia" con Torres Hurtado en este asunto. Al igual que él se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación popular, ejercida por el empresario Ramón Arenas y la única en este proceso.
Ha narrado que ambos eran vecinos desde hace 30 años y con esa trayectoria de "vecindad" decidieron adquirir viviendas en el citado bloque. Pero ha remarcado que no intervino en la concesión de la licencia de primera ocupación -que a juicio de la acusación no debió concederse por incumplimientos de lo estipulado en la licencia de obras-- porque ese asunto se llevaba en otra área en la que ella no tenía competencias y no tuvo conocimiento de ningún tipo de irregularidad en el edificio durante la construcción.
Por su parte, el ex director general de Licencias del Ayuntamiento ha detallado que él no elaboró ningún informe favorable o desfavorable respecto a la licencia y respecto al expediente sancionador se limitó a ordenar su apertura, tras lo que se nombró un instructor, sin que en ningún momento ninguno de los otros dos acusados intentaran influir en él a su favor.
La acusación popular ha solicitado en su escrito de calificación provisional que Torres Hurtado e Isabel Nieto sean condenados a cuatro años y medio de prisión y 18 de inhabilitación, mientras que para el funcionario solicita tres años de cárcel y 10 de inhabilitación.
En la ronda de cuestiones previas, las defensas han pedido que se eliminen los delitos de prevaricación por entender que sus clientes no firmaron ninguna resolución prevaricadora y que, de existir ésta, tampoco se está juzgando al autor material de la misma y en este contexto no se les puede juzgar a ellos como partícipes de este delito, un asunto que el juez resolverá en sentencia.
La Fiscalía ha mantenido su petición de absolución para el exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, por el 'expediente Obispo Hurtado'.
El Ayuntamiento de Granada también ha mantenido su petición de absolución en esta causa, en la que sí ha modificado sus conclusiones provisionales la acusación popular ejercida por el empresario Ramón Arenas. Esta parte ha rebajado su petición de cuatro años y medio a un año y medio de prisión tras retirar el delito de prevaricación urbanística, aunque sigue acusando de prevaricación común y tráfico de influencias, y pide unos 20 años de inhabilitación en total.
La acusación popular ha planteado alternativamente al delito de tráfico de influencias el de negociaciones prohibidas para funcionarios por el que ha pedido un año de prisión y tres de inhabilitación y multa de 12 meses a una cuota diaria de diez euros como pena alternativa. Las defensas han mantenido por su parte que unas irregularidades resueltas en la vía administrativa --donde se consideraron una falta leve-, no tenían que haber llegado a juicio, reprochando la actitud mantenida en este asunto por la acusación popular. El juicio ha quedado ya visto para sentencia.
Caso Serrallo
En julio del año pasado la Audiencia de Granada absolvió a Torres Hurtado de los delitos de prevaricación urbanística y común, fraude en la contratación y tráfico de influencias de los que estaba acusado en la macrocausa conocida como 'caso Serrallo', que sentó en el banquillo a 17 personas por la supuesta construcción irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza, en la que solo se podía crear un parque de atracciones infantil.
En la causa sí fue condenada a siete años de inhabilitación especial para el cargo de concejal la que fuera su edil de Urbanismo, Isabel Nieto, por un delito de prevaricación administrativa, aunque salió absuelta del resto de ilícitos de los que se le acusada.
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