Unidad Popular exige la retirada de la financiación pública a la Iglesia
La coalición en Granada denuncia que la institución reciba 11.000 millones de euros anuales del Estado
La formación en Granada ha comparecido en las inmediaciones de Catedral. Foto: aG
Con motivo del Día Internacional de la Laicidad, desde Unidad Popular - Izquierda Unida en Granada ha dejado claro que apoyarán e impulsarán “todas las medidas necesarias para que España sea realmente un Estado laico”.
La sexta candidata de la lista, Maite Molina, ha manifestado en rueda de prensa que defienden "la libertad de pensamiento, creencia y culto, pero exigimos una separación Iglesia-Estado efectiva”. Molina mantiene que “ya está bien de que una institución que ha demostrado en innumerables ocasiones su falta de respeto hacia los derechos humanos siga ostentando una gran influencia sobre los poderes públicos".
"Queremos a las iglesias fuera del Estado, y que estas no ejerzan coacciones y presiones sobre la legislación que se aprueba desde el Parlamento con el fin de avanzar hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria”, ha dicho la aspirante.
Del mismo modo, la formación reclama a las administraciones que se les deje de otorgar privilegios: “Para empezar, en lo que respecta a los privilegios económicos: un informe de Europa Laica de este año calcula que la Iglesia recibe del Estado en torno a once mil millones de euros anuales entre aportaciones directas y lo que deja de ingresar por impuestos y precios públicos. Sólo por la asignación tributaria directa del IRPF, la Conferencia Episcopal se embolsa este año aproximadamente 250 millones”, explica Molina.
Para acabar con esta situación, UP-IU pide la retirada de la financiación pública a la Iglesia, y la revocación de los acuerdos de 1979 entre la Santa Sede y el estado español.
Asimismo, Molina ha considerado que la iglesia católica deberá tributar a Hacienda por los sueldos del clero, y pagar los impuestos que le correspondan en concepto de transmisiones, sociedades, IBI, e IRPF. “Es inmoral que mientras se recorta en servicios públicos y suframos la altísima tasa de paro de más de cuatro millones de desempleados, el gobierno permita dejar de ingresar la muy significativa cifra que supone el IBI de las muchas propiedades de la Iglesia”, sostiene Maite Molina.
La Educación libre de superstición, eliminación de las ayudas de las administraciones públicas a centros concertados o la supresión de símbolos religiosos en administraciones públicas y centros dependientes son otras de las propuestas del partido.
