A remolque
Si algo nos ha enseñado la experiencia a lo largo de estos años democracia es que el partido socialista utiliza varios lenguajes según qué momento se trate.
Así cuando está en la oposición parece que es un partido realmente de izquierda, incluso suele movilizarse en aquellos asuntos más sensibles para la población trabajadora y la clase media. Luego está el partido socialista que gobierna, donde es difícil, hay que hacer un esfuerzo, diferenciarlo de las políticas liberales en lo que concierne a la economía, donde se muestra fiel aliado del empresariado grande, de la banca, de las energéticas. No en balde en todos esos grupos empresariales aterrizan dirigentes socialistas y personas que han estado en los sucesivos gobiernos socialdemócratas (puerta giratoria). Ese precio se paga llegado el momento, de ahí su perdida de credibilidad política que lo ha llevado a perder bastante apoyo popular, que ha migrado para no volver a lo que hoy se conoce como izquierda transformadora.
Sin embargo, es de justicia reconocer que el PSOE es un partido, en general, progresista, con ciertos límites, casi todos en lo que a política económica se refiere y algunos en lo penológico, donde han cedido a las presiones para volver al antiguo código penal en cuanto a la agresión sexual se refiere (hay que demostrar la violencia) y en lo concerniente a la Ley Mordaza, que ha bastado una excusa (pelotas de goma) para que tan perniciosa ley para la democracia siga surtiendo efectos.
Y ahora, hemos conocido otra versión del partido socialista en el gobierno, la de, a remolque, situación que se ha expresado por la Ley de la Vivienda, la cual ha estado bloqueando durante años hasta que la contundencia de los hechos lo ha obligado a revirar y aceptar de lo que antes renegaba, pues es muy sensible a la fuerte presión del lobby empresarial inmobiliario, casualmente liderado por el líder socialista, exalcalde de Barcelona, Joan Clos.
Esta Ley, como otras, se ha abierto paso gracias al incansable trabajo de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición y ha conseguido el apoyo de otros grupos parlamentarios provocando un acuerdo histórico que ha hecho moverse hasta al partido popular, y que ahora recupera como propuesta las desgravaciones por compra hipotecaria de la vivienda, las mismas que quitó cuando gobernaba.
Consciente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de la dificultad de rentabilizar políticamente la Ley de la Vivienda, ha anunciado en un acto del PSOE primero y en el Congreso de los Diputados después, la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para su compra y/o alquiler a precios asequibles a través de las comunidades autónomas y ayuntamientos, más otras 43.000 destinadas a alquiler social, financiadas con fondos europeos a través de una nueva línea ICO. Todo esto no hace mucho tiempo era una operación inviable porque afectaba al mercado libre y no se sabe cuántos impedimentos obstáculos legales, aun cuando plataformas sociales como la PAH, Stop desahucios y el Sindicato de Inquilinos venían ofreciendo serias alternativas que, por un lado, frenaban la especulación de los llamados fondos buitre, proponiendo crear, así mismo, un banco de viviendas públicas y por otro, rebajaban la presión sobre el alquiler que en muchas familias supera con creces el 30% del ingreso por unidad familiar.
No obstante, hay que valorar en positivo las medidas anunciadas y aun yendo en la buena dirección, son del todo insuficientes, pues en España hay millones de personas con graves dificultades para acceder a la vivienda. Son medidas paralelas a las previstas a la Ley de la Vivienda que, en síntesis, garantiza la regulación de diferentes ámbitos del sector inmobiliario, evita que se produzcan aumentos descontrolados del alquiler, incluye medidas de ayuda al acceso a la vivienda, regula, suspendiendo desahucios y lanzamientos, los precios del alquiler en “zonas tensionadas” y eliminando que los honorarios de las inmobiliaries sean pagados por la persona arrendadora.
En ciudades como Granada está por ver como se desarrollan las citadas medidas anunciadas. Hasta ahora el PSOE ha rechazado caminar en ese sentido, alegando que no está en la competencia del Ayuntamiento, cuando ha quedado claro que sí lo está, rechazando tomar la iniciativa en promover un acuerdo de colaboración institucional con la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía para el alquiler social y estableciendo un parque de vivienda pública, por un lado, y por otro, con las entidades bancarias, incluida la SAREB, para establecer un convenio de colaboración para el alquiler social.
A ver si con el impulso dado por la Ley de la Vivienda y las medidas anunciadas por el Gobierno, se suben al carro, aunque sea a remolque.
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