¿Cómo cuidamos de nuestros mayores?
A los servicios sociales les pasa como a la buena salud, no nos acordamos de ellos hasta que los echamos en falta. No tuviste que preguntar por la dependencia, la tele-asistencia o la ayuda a domicilio hasta que tu madre se partió una cadera. Tienes mucha más suerte si no has tenido que interesarte por la renta mínima o el ingreso mínimo vital. Ayudas completamente imprescindibles para quienes las necesitan y completamente innecesarias para quienes tienen la suerte de poder ignorarlas, de momento.
Un sistema de protección social es un conjunto de normas e instituciones que nos garantizan una serie de prestaciones económicas y sociales en caso de necesidad. Intentan reducir la pobreza y la desigualdad, y proteger a las personas frente a los riesgos sociales y económicos. El principal sistema de protección social es la Seguridad Social, que se financia mediante cotizaciones e impuestos y nos provee las pensiones, la asistencia sanitaria, así como las prestaciones por desempleo, incapacidad laboral y maternidad/paternidad. La protección que nos da el Estado se completa con los denominados “servicios sociales” estatales, autonómicos y locales, un conjunto de servicios públicos que ofrecen una atención individualizada a personas en situación de necesidad.
Esto es lo que hay. Una red que nos recoge cuando nos caemos y que solo pueden permitirse los países más ricos del mundo, como el nuestro, aunque se nos olvide. Un sistema sostenido con los impuestos de quienes trabajamos, pero con la vocación universal de que nadie quede atrás por motivos de renta. Un modelo mejorable pero bueno, caro pero necesario, justo pero a veces insuficiente.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Gobierno de España y la Renta Mínima de Inserción (REMISA) de la Junta de Andalucía son lo más parecido a una ‘renta básica’: una prestación económica que recibe cualquiera cuya renta no supere unos determinados límites. Son incompatibles entre sí. Estamos hablando del último recurso, de lo que tiene el que no tiene nada. Y, de importes imposibles, como los 1.148 euros al mes que da REMISA a una familia de cuatro miembros que no tenga ningún otro ingreso ni prestación.
Con independencia de nuestros ingresos, todos y todas podemos optar a las ayudas a la dependencia o ‘al botón’ de tele-asistencia telefónica que da la Junta de Andalucía, o bien al Servicio de Asistencia a Domicilio (SAD) del ayuntamiento. No hay más. O te sobra el dinero, o tiras de ese ‘Estado del Bienestar’ que suena a lujo hasta que te llega el trozo que te toca. ¿Cómo vamos a cuidar de nuestros mayores, o de nosotros mismos, si no funciona esta red? ¿Cómo atendemos a los dependientes sin dejar de trabajar? ¿Cómo hacemos digna la vejez o la enfermedad sin un poco de ayuda?
Por eso, no se entiende que el presupuesto del Ayuntamiento de Granada para este año haya bajado más de un millón de euros al Servicio de Ayuda a Domicilio. En un presupuesto de 320 millones de euros, ¿no había otro sitio del que quitar? ¿A cuántos granadinos y granadinas se podría estar ayudando con ese dinero?
No se entiende que el presidente de la Junta de Andalucía anuncie orgulloso que la espera para recibir la ayuda a la dependencia pasará de 555 a 180 días. Moreno Bonilla ha necesitado los cinco años que lleva gobernando para darse cuenta de que una persona dependiente no puede esperar 555 días en recibir la ayuda a la que tiene derecho. Ni 180, tampoco.
Nadie quiere necesitar estos recursos, ni ocupar la cama de un hospital, ni cobrar el paro. Si lo hacemos es porque verdaderamente nos hace falta. Porque es lo único que tenemos llegado el momento. Las prestaciones sociales son una parte imprescindible de los servicios públicos que esperamos recibir de nuestras administraciones y deberían tratarse con más respeto. Ahora que tanto se habla de asuntos que merecerían un ‘pacto de estado’, aquí tienen una idea.-
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