jueves 28 enero
Opinión  |   |

Cuestión de incompetencia

Un remedio que suelen utilizar quien no puede, o no sabe, encontrar solución a un problema es o bien mirar para otro lado, o buscar responsabilidades en un tercero. Piensan, quienes así actúan, que su incapacidad va a pasar desapercibida. Y no saben que, tarde o temprano, lo que se pondrá en evidencia es su falta de iniciativa y su irresponsabilidad.

En Granada, desgraciadamente, hemos vivido en más de una ocasión situaciones en las que el alcalde se ha comportado de esa manera. Veamos la ultima iniciativa estrella: solicitar al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica en la ciudad. Podríamos empezar diciendo que ¿y usted, señor alcalde, mientras tanto qué hace? A parte de mirar para arriba, ¿qué iniciativas ha tomado?

Es evidente, y así lo vivimos a diario, que la pandemia está castigando duramente nuestra economía. Admitiendo de entrada que pueda haber críticas a las medidas adoptadas por el Gobierno de España, lo que nadie puede dudar es que ante una situación absolutamente grave como la que comenzábamos a vivir en el mes de marzo, lo cierto es que se adoptaron todo un conjunto de iniciativas de cara poner remedio a todo un conjunto de problemas sobrevenidos. En efecto y mientras estábamos en el ojo del huracán de la pandemia, se fueron dictando normas con el objeto de poder atender la crisis socioeconómica que se nos venía encima. Es lo que se ha venido en denominar el “escudo social”.

De esa manera se reguló que los trabajadores afectados por el covid-19 tuvieran automáticamente la consideración de incapacidad temporal equiparable al accidente de trabajo por lo que cobrarían, como mínimo, el 75% de su base reguladora; para evitar los despidos como consecuencia de la paralización de la actividad de miles de empresas, se flexibilizaron al máximo los tramites de los Expediente de Regulación de Empleo Temporal, ampliando el concepto de fuerza mayor lo que supuso que pudieran acogerse a las prestaciones de desempleo miles de trabajadores y, con ello, beneficiando también a las empresas que de otra manera tendrían que haber cesado definitivamente en su actividad; se amplió la cobertura del derecho a desempleo, aún en aquellos casos en los que no se hubiera cotizado el periodo mínimo exigible; se reguló que para estos casos el periodo de las prestaciones de desempleo no computara para el supuesto de futuras prestaciones ajenas al covid; se creo un subsidio excepcional por fin de contrato temporal para los que no tuvieran suficiente tiempo cotizado para obtener el desempleo; el subsidio de empleadas del hogar; la prestación de desempleo para el colectivo artístico; se creo la prestación de cese de actividad para autónomos; líneas de avales para otorgar liquidez a empresas y autónomos; medidas para garantizar los suministros básicos de agua, luz y gas natural; moratorias para hipotecas, prestamos personales y alquileres...

Según los cálculos del Gobierno, el conjunto de medidas para luchar contra la pandemia y mitigar la crisis sumarían los 210.910 millones de euros. Soy consciente de que ha habido, y está habiendo problemas en la gestión de todas estas coberturas y, también de que algunos sectores han estado con falta de cobertura. Pero insisto, el esfuerzo en la protección ha sido mayúsculo.

Si miramos ahora a las Comunidades y hacemos un análisis comparativo de las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno de la Junta de Andalucía, tenemos que concluir que el balance es claramente negativo para nuestra tierra. Después de ordenar las restricciones de movilidad, y el cierre de la hostelería y de los comercios, se aprueban unas ayudas que consisten en obtener 1.000 euros, siempre y cuando se realice la solicitud antes de agotar la partida económica, y lo que es más grave, esta ayuda es incompatible con la prestación del cese de actividad. Si la vista la ponemos en otras comunidades (como Navarra, o Galicia) concluiremos que aquí en Andalucía el esfuerzo ha sido minúsculo. De hecho, todos los sectores afectados las han criticado por escasas.

Y ¿el Ayuntamiento de Granada? Por ahora las únicas medidas adoptadas una rebaja mínima en solo dos tasas. Y en estos momentos el alcalde de Granada pide la declaración de zona catastrófica, mirando al Gobierno de España, pero sin reclamar mas compromisos de la Junta de Andalucía, y sobre todo sin ofrecer alternativas desde su nivel de competencias.

No hay duda que todas las administraciones deben de aportar soluciones a la situación. Es evidente que Granada, como gran parte del conjunto de España, se está viendo afectada dado el enorme peso que tiene en nuestra economía los sectores de la hostelería, el turismo y el comercio. Todos debemos de poner esfuerzo en apostar por defenderlos porque ello supone también defender a cientos de trabajadores que dependen en exclusiva de sus salarios. Debemos de pedir esfuerzo al Estado y a la Junta de Andalucía, pero debemos de empezar poniendo ejemplo desde nuestras propias competencias.

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Columnista
José María Corpas

Concejal del Grupo Municipal Socialista y Secretario de Política Municipal del PSOE de Granada capital

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