El agua como bien de mercado
Vivimos en una democracia liberal, cuyos cimientos económicos son el mercado libre y la propiedad privada, conceptos sacrosantos para el liberalismo económico que tiene como finalidad exclusiva pasa porque todo es objeto de compraventa, aun cuando se trate de bienes comunes. Lo que importa, por tanto, es obtener el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. En este contexto, el agua cobra especial importancia, un bien escaso pero que genera uno de los negocios más atractivos y lucrativos para las grandes corporaciones empresariales, donde se integran fondos de inversión que muestran especial interés en conseguir la gestión del servicio municipal del agua.
El agua como valor mercantil se transforma en un bien de mercado que compite con el oro y el petróleo, tan es así que ha comenzado, incluso, a cotizarse en Wall Street donde se negocia con aparente y superficial control legal la compra y venta de acciones de empresas, bonos públicos y privados o certificados. En Granada, la gestión del agua se lleva a través de la empresa EMASAGRA, que tiene una titularidad pública en un 51% de su capital, el resto lo tiene el sujeto corporativo Hidralia, teóricamente una empresa andaluza participada por Unicaja Banco, pero en cuanto se escarba un poco se comprueba que aquella entidad forma parte de la multinacional francesa SUEZ, ligada a la eléctrica gala ENGLE y CRITERIA CAIXA, siendo que, así mismo, los fondos de inversión (buitres) ARDÍAN Y GLOBAL GIP están a la caza por el control de SUEZ, todas ellas cotizan en Bolsa.
Siendo este el escenario, no es de extrañar que en el pensamiento liberal de la economía en el que coinciden el partido socialista y el partido popular actúen más como caja registradora mercantil que como garantes del servicio público y pongan a la venta las licencias, permisos o derechos de agua al mejor pujador, lo que supone que la gestión del bien común agua se mercadea, si bien se justifica esto en que así mejorará la gestión del agua, incentivando su uso racional y eficiente, mejorando la gestión del riesgo ante la escasez hídrica, cuando precisamente es lo contrario, pues el agua así gestionada pierde su valor como derecho humano y contradice los principios rectores de la política hídrica pública cuya finalidad principal es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas en un decisivo vínculo entre la sociedad y el medioambiente.
El agua es un bien común público de carácter estratégico, es un componente clave para vencer la pobreza, lograr el desarrollo humano sostenido, salvaguardar los hábitats medioambientales y fortalecer la resiliencia ante el cambio climático. En esto no están interesadas las multinacionales, ni la banca y sus fondos buitre cuya ansia de ambición malsana de negocio desbocado está llevando al planeta a una situación crítica, que conlleva por un lado a la despoblación, a la desforestación, al aumento de la contaminación y, por otro, al aumento de la población y concentración económica en las ciudades que, a la vez, demandan más alimentos y energía, cuyas consecuencias ya las estamos sintiendo con brusquedad como consecuencia del cambio climático y la ampliación de la brecha entre pobres y ricos, evidencias negadas de forma insultante por todos los agentes del neoliberalismo económico.
Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta del Ayuntamiento de Granada gobernado por el partido socialista? Aprobar la “Ordenanza reguladora del Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas”, que ha contado, como no, con el apoyo entusiasta del partido popular y, que va en sentido contrario a lo que debe ser una gestión pública del agua como bien común. Es decir, ha consolidado el agua como mercancía, como bien de mercado que camina al establecimiento de un precio internacional de referencia que oscilará según la oferta y la demanda (véase lo que está pasando con las eléctricas), en una completa deformación del valor del agua, pues el canon no es otra cosa que esquilmar a la ciudadanía más de diez millones de euros para pasarlos a EMASAGRA que serán gestionados (know how) por la multinacional SUEZ. Negocio puro y duro que no solo contradice el discurso de bajar impuestos, también incumple el acuerdo plenario municipal de 2021 de reducir el recibo del agua en un 13%. El partido socialista, en cuanto puede, derrapa.
Sin duda, la ciudad debe reaccionar pues es a esta a quien corresponde decidir sobre bienes esenciales para la vida y la calidad de la misma. No es un asunto baladí. Habrá que mojarse, por salud democrática.
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