Jueces y colegios profesionales no pintan nada en política
Un centenar de jueces, fiscales, abogados, procuradores, graduados sociales y funcionarios de justicia se han concentrado en Plaza Nueva. A todas las personas concentradas les unía la defensa de la independencia judicial por considerar que está siendo cuestionada por el acuerdo habido entre el PSOE, Esquerra Republicana y Junts, que ha dado a lugar a la presentación de una Ley de Amnistía.
Interpretan, así mismo, que dicho acuerdo cuestiona la separación de poderes. Su preocupación y alarma radica en el punto que hace referencia al concepto lawfare o judicialización de la política en relación a las consecuencias que puedan dar a lugar a acciones de responsabilidad, todo ello en el marco de las conclusiones que pudieran darse en el ámbito de las comisiones parlamentarias de investigación, lo que es concordante con el reglamento del Congreso de los Diputados (art. 52. 4 y 5), que determina que dichas conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales y las que se aprueben se publicarán en el BOE, sin perjuicio de que la Mesa del Congreso de traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas, si proceden.
Por tanto, el acuerdo entre los citados partidos políticos no invade en absoluto la independencia judicial, ni cuestiona la separación de poderes. Es el mecanismo constitucional habilitado al efecto de la aplicación de la Ley de amnistía em cuanto a situaciones comprendidas en lo que se conoce como judicialización de la justicia, lo que hoy es ya un hecho palmario reconocido abiertamente y que se utiliza para eliminar al adversario político y a su consecuencia provocar la caída de un gobierno bajo premisas falsas. En Portugal ha ocurrido hace unos días y en España lo estamos viendo, primero contra Podemos y sus dirigentes y ahora con la querella criminal interpuesta por VOX ante el Tribunal Supremo al que se le ha exigido que suspenda la investidura de Pedro Sánchez, comprometiendo sobremanera al Alto Tribunal al querer orientarlo a la perdida de neutralidad, en un intento de sustituir al Parlamento. Si esto hubiera ocurrido, la democracia se abría desmoronado, aunque el peligro no ha pasado, pues ahí está el juez García Castellón que se ha sacado de la manga un nuevo proceso sin base jurídica alguna, esta vez, para acusar a Puigdemont y Rovira de terroristas, a lo que la Fiscalía se ha opuesto por ser, dicho en román paladín, una barbaridad.
El binomio independencia/imparcialidad exige que los y las jueces no se metan en política. Solo así, queda asegurada su sujeción a la ley y la imparcialidad. Tampoco pueden tomar parte en la contienda política. La independencia judicial así concebida es la garantía que hace posible el ejercicio constitucional de la Magistratura con total sometimiento al imperio de la Ley, la cual emana del poder legislativo que es donde reside la soberanía popular y nacional.
Algo similar pasa con los Colegios Profesionales de la Abogacía, en cuyas funciones no están incluidas la de emitir posicionamientos públicos de carácter político, lo que está refrendado por el Tribunal Supremo que ya en su sentencia 2209/2019 decretó expresamente que “una corporación de derecho público, representativa de una profesión en la que es obligatorio colegiarse para poder ejercerla, no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en este campo para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte desconectadas, además, de los intereses profesionales a los cuales tiene que servir”, lo que ha sido ignorado, de plano, por la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Granada.
Las elecciones generales del pasado 23J han configurado una nueva mayoría parlamentaria, eso conlleva que el resultado hay que aceptarlo. Nuestro sistema es parlamentario, y es en sede del Congreso de los Diputados donde se elige a la persona que va a presidir el Gobierno español. Quien dé otra opinión distinta a esta, literalmente, está mintiendo a la cara, sin perjuicio de ser una persona indocumentada. Y, esa nueva mayoría ha decidido proponer en sede parlamentaria una Ley de Amnistía en la finalidad de ayudar a solucionar el conflicto político en Catalunya dentro de los cauces constitucionales.
El derecho de gracia, que incluye indultos y amnistía, está previsto en la Constitución Española (art. 62. i) y puede ser alegado en el procedimiento penal por así establecerlo la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 666. 4). Por otro lado, quienes se opongan a la medida de gracia, en este caso, la Ley de Amnistía, pueden recurrirla ante el Tribunal Constitucional, quedando así garantizado su derecho de combatir democráticamente esa medida, debiendo todos, después, acatar, aunque no guste, la decisión del Magno Tribunal, por tanto, el funcionamiento del Estado de Derecho está bien engrasado.
En conclusión, el constituyente acordó y así fue refrendado por el pueblo español dar competencias al legislador para que apruebe indultos y amnistías. Solo la democracia tiende puentes, reconcilia y soluciona los conflictos por los cauces del Estado de Derecho. En este contexto, los jueces y los colegios profesionales, no pintan nada, solo la política.
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