Sube el recibo del agua
En diciembre dediqué una columna a hablar de la subida de tributos que el gobierno municipal del PP y la alcaldesa Carazo estaban tramitando. Ha pasado poco tiempo pero las cosas han ido a peor. A las subidas de tributos y prestaciones económicas que en aquel artículo se denunciaban, ahora se han añadido otros dos cuyos trámites están muy avanzados.
No me cansaré de insistir en las contradicciones permanentes que muestran nuestros políticos, entre lo que dicen y lo que hacen. La actual alcaldesa (PP) prometió en campaña bajar los impuestos, pero lo que está haciendo es justo lo contrario, subirlos, y especialmente aquellos que más afectan a la mayoría de los vecinos de Granada. Del PSOE ya señalé la contradicción de votar en Diputación en contra de incrementar la tasa de tratamiento de basura, y a favor en el Ayuntamiento de Granada.
Curiosamente las dos nuevas subidas se refieren a prestaciones a favor de Emasagra. Un nuevo canon, por 57 millones, que se suma al recién aprobado por 10,4 millones, más la subida de las tarifas por depuración.
Se intentan justificar estos incrementos en la necesidad de acometer inversiones en infraestructuras hidráulicas que, según la propia empresa, adolecen de un importante envejecimiento de la red derivada de que “la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas es un problema que se viene arrastrando desde hace tiempo y que se ha agravado en los últimos años”.
Personalmente me resulta muy curioso este argumento, dado que si efectivamente durante largo tiempo ha habido falta de inversión la responsabilidad será de la propia empresa, que es la responsable no solo de prestar los servicios del ciclo integral del agua (suministro, saneamiento y depuración) sino también de hacer las inversiones para mantener y mejorar las infraestructuras de esos servicios, según recogen los artículos 2 y 41 de sus Estatutos.
Emasagra fue creada en 1982. Como su propio nombre indica, Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada SA, se trata de una entidad mercantil municipal, por tanto un ente instrumental para la gestión y prestación de un servicio de primera necesidad. Esto implica que, aunque deba tener garantizada su viabilidad, no se creó ni es su fin generar el máximo beneficio para sus accionistas sino prestar el mejor, más eficaz y eficiente servicio del ciclo integral del agua para todos los granadinos.
Nada de esto cambia a pesar de que en 1997 se aprobase la venta del 49 de sus acciones a la empresa Hidralia (de la multinacional Aguas de Barcelona-Suez) para 25 años, periodo que se prorrogó en 2006 por otros 25 años, hasta 2047. Sigue siendo municipal y presta un servicio básico y obligatorio para el municipio.
En ambos acuerdos la persona determinante de esta privatización parcial fue Sebastián Pérez, otrora hombre fuerte del PP de Granada y teniente de alcalde durante muchos años. Se da la paradoja de que a pesar de que rompió con el PP, pasó a ser concejal no adscrito durante el pasado mandato municipal y que actualmente esté fuera de la política pública, curiosa y sorprendentemente, sigue siendo presidente de la Fundación AguaGranada, que financia Emasagra.
Si normalmente cualquier subida de tributos suele ser objeto de amplias y sonoras polémicas, en este caso poco o ningún debate público se hará visible dado que los dos grandes partidos, PP y PSOE, están de acuerdo. Siempre lo están cuando se trata de dar ventajas a Emasagra y al socio privado Hidralia. Basta con revisar las actas de los plenos municipales o la hemeroteca.
Como señalaba en aquella columna, resulta injustificable que determinadas inversiones que afectarán a las infraestructuras que sirven a 15 municipios sin embargo sus costes se financien exclusivamente a cargo de los vecinos de Granada capital. Sin duda es lo más cómodo para la empresa pero resulta completamente injusto, por discriminatorio, y difícilmente explicable que tal medida se apruebe con los votos de los concejales que se supone representan a los granadinos.
Parece incomprensible que una empresa municipal, que produce año tras año importantes márgenes de beneficios, no asuma su obligación de realizar de forma continuada las inversiones de mantenimiento y mejora que se reconocen tan necesarias.
La realidad financiera de Emasagra es más que solvente. Los datos que reflejan sus cuentas anuales entre 2017 y 2022, demuestran que sus beneficios son cuantiosos y que por tanto se podrían acometer esas inversiones sin poner en riesgo el equilibrio financiero o la salud de la empresa. Aquí algunos de esos datos:
Durante los últimos seis años su media de cifra de negocio ascendió a casi 47 millones de euros. El beneficio bruto ascendió a una media anual de 5,97 millones. La retribución anual media que está recibiendo Hidralia (socio privado) en concepto de Know How (saber hacer) es de 6,06 millones, que sumados a su parte en el reparto de dividendos (49%) alcanza una ganancia media anual de 8,18 millones, lo que representa casi el 17% de la cifra de negocio.
Si se suman los beneficios brutos anuales medios de Emasagra (5,97 millones) y la cuantía de ganancias que recibe Hidralia por Know How (6,06 millones) se alcanza un importe medio de unos 12 millones anuales, lo que representa más del 25% sobre la cifra de negocio. Una auténtica burrada, que ya querría para sí cualquier empresario o comerciante.
La acumulación de subida por los dos canon de inversiones y el incremento de la prestación por depuración van a suponer que nuestro recibo del agua va a sufrir un incremento medio del 24%. Si le sumamos que la Junta va a recuperar el cobro de su propio canon, el incremento del recibo será del 35%.
Por tanto, las subidas aprobadas, o en trámite, supondrán una transferencia directa de dinero desde nuestros bolsillos a Emasagra. Y de forma indirecta hacia las arcas del socio privado, Hidralia
Aparte de estas subidas en el precio del agua sufriremos también una subida en la tasa por tratamiento de basura del 88%, que también se incluirá en el recibo bimensual del agua.
Como adelantábamos en aquel artículo, el IBI no sufre una subida generalizada pero se han introducido cambios en los tipos diferenciados, que se aplican según los usos de cada inmueble y que afectan de forma muy distinta a según qué sectores. Así para el sector del comercio habrá una bajada del 10% para las más grandes superficies mientras que se incrementan un 40,84% para locales comerciales bastante menores. Y para una parte de los inmuebles destinados a uso industrial o de oficinas el incremento será del 56%.
Por contra se ha eliminado el recargo del 50% a las viviendas que se encuentren desocupadas de forma permanente y sean propiedad de grandes tenedores (cuatro o más viviendas), que se introdujo hace dos años pero que no fue implementado por el equipo de gobierno del PSOE. Un recargo que pretendía incentivar la puesta en el mercado de venta o alquiler de tantas miles de viviendas vacías como existen en Granada.
A modo de conclusión. Reconozco que tanto número pueda marear. Pero insisto una vez más en que la política real, la de las cosas importantes, no es fácil, exige un esfuerzo por conocer las cosas. Desgraciadamente el debate político actual está centrado más bien en promover emociones simples, para evitar hablar de lo que verdaderamente interesa. Se apuesta más por el disimulo que por la transparencia y la verdad. Pero eso debe cambiar.
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