Transporte urbano ¿de calidad?
La Administración Local siempre ha sido la pariente pobre de las tres administraciones territoriales. La Constitución pasó de un Estado centralista a un Estado de las Autonomías y en ese salto se olvidó, en la práctica, de las Entidades Locales. La Carta Magna recoge los principios de autonomía local y suficiencia financiera pero su desarrollo ha sido siempre bastante cicatero.
La regulación de sus competencias y su financiación muestra una clara tendencia hacia la tutela de los municipios. Además las políticas gubernamentales casi siempre han agrandado estas limitaciones. Como ejemplo, la “Ley Montoro”. También la fórmula de los convenios y las subvenciones parciales y a la carta.
El resultado es que el marco de sus competencias no recoge todas las posibilidades y ventajas que puede aportar la gestión desde lo local. Y el modelo de su financiación es claramente insuficiente, sin auténtica potestad tributaria y muy distante de los modelos que rigen en Europa.
Lógicamente esto no justifica que en algunos casos los gestores municipales hayan realizado gestiones nefastas y arruinado las finanzas de sus ciudades. Como es el caso de Granada durante los 13 años de gobierno del PP, que tardaremos en superar.
Los servicios que prestan los ayuntamientos son esenciales para nuestra vida cotidiana. Desde el suministro de agua, saneamiento y depuración, la recogida de basura, la limpieza viaria, el alumbrado público, el tráfico, la extinción de incendios, el mantenimiento de las vías urbanas, plazas, jardines, el propio diseño y gestión urbanística, cementerios, buena parte de los Servicios Sociales, el mantenimiento de colegios públicos, la promoción del deporte y la cultura…
También el transporte urbano. Esencial para la movilidad en la ciudad y uno de los más costosos. Utilizado a diario por miles de personas que si no existiera tendrían serias dificultades para desarrollar su vida normal. E incrementaría aún más la contaminación.
En Granada el coste anual del servicio supera los 33 millones, que sufragamos los vecinos por dos vías, a través de nuestro billete como usuarios y del pago que el ayuntamiento hace a la empresa concesionaria, Rober SA, que ronda los quince millones anuales.
Llevamos en Granada varios meses de debate en torno a la “reordenación” de líneas y la calidad del servicio. A diario comprobamos cómo circulan un buen número de autobuses con bastante antigüedad y no demasiado buen aspecto. También se han hecho públicas las quejas de los representantes de los más de 400 trabajadores de la empresa.
Según el contrato vigente la empresa concesionaria no puede utilizar autobuses con más de 12 años (artículo 7). Hacerlo constituiría una falta grave (artículo 24). De los casi 150 autobuses con que cuenta la empresa, unos 90 superarían los 12 años de antigüedad. Eso significa que la utilización de autobuses viejos es habitual. Por tanto resulta extraño que el gobierno municipal permita esta situación, en detrimento de la seguridad y la comodidad de los usuarios y del medio ambiente de la ciudad. Igualmente supone un quebranto económico para el ayuntamiento y los granadinos, puesto que el contrato fija unos costes de amortización de inversiones que se estarían facturando pero no se estarían realizando. El alquiler de autobuses de segunda mano procedentes de otras ciudades, cuyo límite máximo sea inferior a los 12 años, no deja de ser un parche inaceptable.
En consecuencia el gobierno municipal debe impedir el uso de vehículos que incumplan el contrato, y debería sancionar a la empresa por los incumplimientos reiterados del mismo. Además de descontar de la facturación de la empresa los ahorros de amortización que se estén produciendo.
Si la empresa se queja de que no se le pagan puntualmente las facturas tendrá derecho a reclamar intereses de demora, o incluso a solicitar al Ministerio de Hacienda que se las pague a cargo de las transferencias por participación en los tributos del Estado. Pero lo que no puede hacer es incumplir sus obligaciones a costa de los granadinos. Los contratos deben cumplirse y si no reclamarse por las vías legales, pero no tomándose la justicia por su mano como si en una república bananera nos encontrásemos.
Entre la ruina financiera a la que los gestores del PP llevaron al ayuntamiento y la poca diligencia de los actuales del PSOE, quienes perdemos siempre somos los granadinos.
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