Lawfare, haberlo haylo
El anglicismo Lawfare viene a traducirse como “guerra judicial”, aunque quizás sería más adecuado hacerlo como “guerra sucia judicial”. No se trata solo de una mera judicialización de la política sino que va más allá, porque es una instrumentalización abusiva y perversa de los tribunales para perjudicar a dirigentes políticos, cargos públicos y/o partidos. Su uso puntual es perverso y dañino contra la imagen, el prestigio o el honor de personas concretas, pero cuando se extiende lo que se pone en peligro es la propia democracia. Atención a esto, porque a estas alturas los golpes de Estado se hacen cada vez menos por vía militar y se utilizan otras brigadas de asalto, más disimuladas y por ello quizás aún más efectivas por ser más difícil de desactivar.
El termino lawfare se ha comenzado a utilizar sobre todo a partir de determinadas prácticas de judicialización de la política orientada a neutralizar a adversarios políticos progresistas en Latinoamérica.
En Brasil el presidente Lula estuvo casi dos años en prisión por una condena que finalmente fue anulada. Su perseguidor, el juez Sergio Moro, fue premiado con su nombramiento como ministro de Justicia por Bolsonaro. La presidenta, Dilma Rousseff fue destituida por el parlamento en base a acusaciones judiciales que jamás prosperaron.
En España son demasiados los casos de lawfare, fundamentalmente contra Podemos, pero no sólo. Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y durante años denunciante de la sistemática corrupción del PP valenciano, fue víctima de lawfare y obligada a abandonar la política. Con independencia de los delitos que hayan podido o no cometer, también en el independentismo catalán hay víctimas de este tipo de prácticas, la última la del juez Castellón haciendo acusaciones de terrorismo con cinco años de retraso y en base a argumentaciones que no se sostienen desde ningún punto de vista jurídico.
Pero han sido Podemos y sus dirigentes las principales víctimas del lawfare patrio. Han sufrido más de 20 causas penales, por muy diferentes motivos, que se han alargado durante años y años, con altísima difusión y amplificación mediática, que han ido quedando en nada pero que han logrado su objetivo de desgastar la imagen del partido. No ha habido ningún límite ni pudor en los ataques al honor o a la imagen de esas personas.
A la diputada Victoria Rosell la obligaron a dimitir por una acusación falsa promovida por un juez corrupto, Salvador Alba, y un ministro de Aznar, José Manuel Soria. A Irene Montero le ha perseguido durante meses y meses el presunto “caso Niñera”. El caso Neurona se deshace en silencio tras años de daño reputacional contra la imagen de Podemos... A Isa Serra y Alberto Rodríguez los condenaron sin pruebas mientras una y otra vez se han ido de rositas políticos del PP señalados por prácticas de corrupción y de manipulación de pruebas. Ningún juez fue capaz de descifrar el nombre de un tal M. Rajoy y Cospedal pierde la memoria de forma oportuna e intermitente.
Pero sin duda la principal víctima del lawfare ha sido Pablo Iglesias. Acusaciones de financiación iraní o venezolana, cuentas en paraisos fiscales, el caso Dina... decenas de acusaciones ocupando horas y horas en medios de comunicación, que finalmente quedan en nada pero que consiguen su efecto mediático y el subsiguiente daño personal y electoral.
Paradigmático ha sido el caso P.I.S.A. (Pablo Iglesias SA), que salió a la luz a los 23 días de entrar Podemos en el Congreso con 69 diputados y casi empatado en votos con el PSOE. En la repetición electoral Unidas Podemos perdió un millón de votos. Objetivo conseguido. Se trataba de un informe remitido al Tribunal de Cuentas, desde la Policía, que acusaba a Podemos de financiarse ilegalmente y de blanquear dinero. Fue difundido en marzo de 2016 y supuestamente había sido elaborado por los miembros de una “unidad de inteligencia” que el Ministerio del Interior , encabezado por Jorge Fernández Díaz (PP), había encargado a la cúpula policial dirigida por el comisario Eugenio Pino.
La difusión mediática de este “informe” corrió a cargo de Eduardo Inda (OK Diario). Pero han sido muchos los medios que han dado pábulo a la difusión del lawfare. El propio Ferreras (La Sexta) reconocía en una grabación hecha pública que las supuestas “pruebas” eran muy burdas, pero que aún así las difundiría. Todo un ejercicio de honestidad periodística.
La práctica del lawfare suele seguir un patrón común. Denuncia falsa, en algunos casos con marchamo oficial de centros policiales, juez que abre el caso y lo eterniza en los tribunales, con condena o no, y determinados medios de comunicación que lo convierte en noticia de portada que se alarga durante meses e incluso años, señalando culpables para conseguir su desprestigio, y en algún caso hasta la condena.
No sólo estamos ante una práctica fraudulenta sino muy peligrosa para la propia democracia. Es evidente que no todos los partidos tienen las mismas oportunidades, pero el lawfare constituye una poderosa herramienta de señalamiento, persecución y destrucción de adversarios políticos. Efectivamente, las formalidades democráticas de presentación de candidaturas, campañas electorales, votaciones... no son tocadas, pero el fondo de la limpieza democrática se sitúa en un serio peligro.
En el acuerdo del PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, de forma algo confusa, se ha introducido el término “lawfare”. Se supone que se pretende que se aborde vía comisiones de investigación parlamentarias. Esto ha hecho saltar el sentimiento corporativo de algunas organizaciones judiciales. Como no es una práctica generalizada entiendo que deberían ser precisamente los jueces los primeros interesados en que este tipo de prácticas se investiguen, se aclaren, se neutralicen y se eliminen, porque son nefastas para la democracia y porque aún pudiendo ser minoritarias deterioran la imagen del Poder Judicial.
Lástima que este tan serio problema haya sido puesto sobre la mesa desde el independentismo catalán y no por parte de los demócratas españoles. Aunque espero que ahora este asunto se afronte con seriedad y profundidad, más allá de reclamos oportunistas o utilitarios.
Resulta chocante que dos ministros del gobierno se hayan contradicho de forma tan flagrante. Mientras la ministra de Educación, Pilar Alegría, afirmaba que el lawfare no existe, el ministro de Transportes, Oscar Puente, no se cortaba al decir que haberla hayla.
Dice la Constitución (art. 117) que “la justicia emana del pueblo y se administra... por Jueces y Magistrados... sometidos únicamente al imperio de la ley”, que “la soberanía reside en el pueblo” (art. 1) y que éste está representado por las Cortes Generales (art. 66). Por tanto no cabe especular con un posible choque entre estos dos poderes del Estado, el legislativo y el judicial. Los representantes de la ciudadanía tienen del derecho y el deber de velar por la democracia y son soberanos para investigar sobre cualquier problema que afecte a nuestra democracia. Cada cual deberá cumplir con su obligación y asumir su responsabilidad. Está en juego nuestra propia calidad democrática.
Mejor que el Poder Judicial, cuyo órgano de gestión está caducado desde hace cinco años, haga lo propio y afronte también este tipo de prácticas y adopte las medidas necesarias para erradicarlas. Porque es evidente que constituyen un cáncer para nuestra democracia.
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