Un canon contra Robin Hood
Hasta 19 acepciones distintas recoge el diccionario de la lengua para la palabra canon. Una misma palabra para nombrar realidades muy distintas que abarcan desde la moda, el arte, la economía, el Derecho o la religión. Curioso. La del título encajaría en la referida a la cantidad o prestación a pagar, generalmente de forma periódica, por cierto tipo de arrendamiento, concesión...
En el último pleno municipal de Granada se ha incluido la aprobación definitiva de la “Ordenanza reguladora del Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas”. Tras esta larga denominación lo que se impone es el incremento del recibo de agua para todos los granadinos por un periodo de 15 años, entre 2024 y 2038. En resumen se trata de cobrarnos 10,4 millones de euros para pasarlos a la empresa Emasagra, que con ellos acometerá inversiones por importe de 7,7 millones, más 2,7 millones para el pago de intereses.
Es cierto que las inversiones a realizar son interesantes. Se pretende utilizar la presión del agua, los lodos producidos en la depuradora y los depósitos de agua para instalar minicentrales eléctricas, generar biogás o colocar placas solares para generar energía eléctrica. La que consume la propia empresa e incluso poder vender los excedentes. Por tanto, según el proyecto, el resultado sería un ahorro económico e incluso nuevos ingresos para la empresa a partir de los próximos tres años, plazo de ejecución de esas inversiones. Hasta aquí todo perfecto.
La cuestión a plantear es ¿por qué estas inversiones han de financiarse a través de un incremento del recibo del agua y no con cargo a los cuantiosos beneficios que tanto la empresa Emasagra como su socio privado, Hidralia, obtienen todos los años?. Emasagra es una empresa cuyo capital es mayoritariamente de titularidad municipal (51%), por tanto su objetivo principal no debería ser incrementar abusivamente sus beneficios sino prestar un servicio eficiente y mantener unos beneficios razonables. Sus ganancias medias anuales se han situado en los últimos años alrededor de los seis millones de euros. Por tanto no hay duda alguna de que su capacidad económica es más que suficiente para absorber los 0,7 millones anuales que implica esta inversión. Más aún cuando se trata de una inversión que producirá retornos en beneficio de la propia compañía.
Emasagra es una empresa de mayoría municipal pero dirigida por representantes del socio privado, Hidralia, una filial de la multinacional francesa Suez. Esta empresa recibe cada año los dividendos correspondientes al 49% de los beneficios de Emasagra, pero además obtiene una retribución extra, en concepto del denominado “Know How” (saber hacer), por importe del 13% de la cifra de negocio de Emasagra. Entre ambas retribuciones Hidralia-Suez viene percibiendo en los últimos años unos ocho millones de ganancia media anual, que no están nada mal. Unos beneficios estratosféricos, podríamos decir. Mal negocio hicieron para Granada los representantes municipales (del Partido Popular) que negociaron este contrato tan generoso con la multinacional como perjudicial para los granadinos. Una condena firmada por 50 años, hasta 2047.
Pero este canon tiene además problemas de legalidad. El primero, que incumple el artículo 94 de la Ley de Aguas de Andalucía, que obliga a que la cuota variable del canon tenga forma progresiva y por tramos de consumo, lo que choca con un precio fijo por m³ como el que se pretende establecer. El segundo, que vulnera el artículo 93 de la misma ley por cuanto discrimina entre unos usuarios y otros. Los vecinos de Granada capital pagaremos un canon que no se le cobrará a quienes viven en los otros 14 municipios que también reciben agua de Emasagra.
Increíble pero cierto. Nuestro alcalde y los concejales del PSOE y del PP, que se supone nos representan, aprueban cargar a los granadinos con un aumento del recibo del agua aplicado de forma discriminatoria respecto al resto de usuarios y en beneficio de una multinacional francesa. Inaudito.
En el caso del PP resulta aún más grave por cuanto hacen esto a la vez que mantienen un falso discurso reclamando bajada de impuestos. Ahora que pueden hacen justo lo contrario, votar una subida que afecta a todos los granadinos sin distinción, sin progresividad y aplicada sobre un servicio esencial.
Choca aún más este incremento del recibo del agua después de que se esté incumpliendo un acuerdo del Pleno adoptado en 2021 cuando se aprobó una moción de Unidas Podemos para rebajar ese recibo en un 13%.
Parece que PSOE y PP actúan en Granada al contrario que Robin Hood, quitan al pueblo para dárselo a los poderosos.
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