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Domingo, 30 de Abril de 2017

La Capital

El PSOE asegura que la privatización de registros civiles afectaría a 20.000 familias granadinas

El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso y diputado, José Martínez Olmos, asegura que esta medida supone un negocio, ya que solo en la provincia se ganarían entre 800.000 y 1,2 millones de euros al año

| 7 Abril, 2014 | 14:32

“Las pretensiones del Gobierno de Rajoy de cobrar tasas por algunos de los servicios que se prestan en los registros civiles, supondría un gasto para los granadinos de entre 40 y 60 euros, lo que afectaría a 20.000 familias. El impacto económico que esto conllevaría para la provincia llegaría a los 800.000 y 1,2 millones de euros al año”. Estos son los datos que ha puesto sobre la mesa, el portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso y diputado por Granada, José Martínez Olmos, ante la posibilidad de que el cobre tasas por la realización de los trámites que habitualmente se realizan con motivo de nacimientos, defunciones, matrimonios o cambios de apellidos.

“Un auténtico negocio, ya que solo en Granada hay unas 8.000 defunciones anuales, 3.100 matrimonios y 9.100 nacimientos, cifras todas ellas que están el INE y que a nivel nacional, supondrían unos ingresos de entre 56 y 90 millones de euros anuales. Además, se plantea la posibilidad de que sean los registradores de la propiedad los que hagan esos trámites, incluso que se puedan llevar a cabo en otros sectores”, ha explicado Olmos al tiempo que esta medida podría implicar un peligro para la protección de datos. “Dado que estos papeleos afectan a datos de carácter personal que están protegidos con la Ley de Protección de Datos, el hecho de que puedan salir fuera de los registros civiles pone en riesgo la garantía de confidencialidad que tan importante es. En el fondo, es un desmantelamiento de dichas administraciones y una pérdida de empleo público. Si los registros civiles terminaran perdiendo estos derechos, los empleados se quedan sin funciones”, ha continuado el portavoz socialista.

“Se trata de una medida innecesaria porque no es una demanda social, ni hay un problema de aglomeración de listas de espera, ni de mal funcionamiento. No es más que otro intento de privatizar unas gestiones que producen un escenario de generación de negocio. Es por eso que vamos a trabajar con sindicatos y profesionales para oponernos a esta medida y presentar mociones en los ayuntamientos”, ha concluido Olmos.

 

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