miércoles 25 noviembre
Área Metropolitana  |   | Luis F. Ruiz - Noelia S. Lorca

Abren juicio oral contra el exalcalde de Pulianas, Rafael Gil, acusado de los delitos de estafa y prevaricación

El titular de Instrucción 5 también declara al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario a raíz de una permuta de fincas para el encauzamiento del Río Juncaril en 2003

El exalcalde de Pulianas se enfrenta a xxxx. Foto: Álex Cámara

El exalcalde de Pulianas se enfrenta a xxxx. Foto: Álex Cámara

El Juzgado de Instrucción 5 de Granada ha dispuesto la apertura de juicio oral contra el exalcade de Pulianas, el socialista Rafael Gil Bracero, acusado de la presunta comisión de los delitos de estafa y prevaricación en un caso en el que además el Ayuntamiento metropolitano ha sido declarado como responsable civil subsidiario.

Según el auto del juez, al que ha tenido acceso ahoraGranada, para el exregidor municipal pulianero, que cesó en el cargo tras las pasadas Elecciones Municipales, la acusación particular le solicita una condena de tres años de prisión y ocho años de inhabilitación y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 30 euros, lo que suponen 8.100 euros, además del pago, junto al Consistorio, de 315.393 euros en concepto de indemnización.

Los hechos corresponden a la ampliación de la carretera de Pulianas y el encauzamiento del Río Juncaril, en cuyas obras estaban interesadas tanto la Diputación de Granada como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En 2003, fecha a la que se remontan los hechos, el entonces alcalde de Pulianas supuestamente ofertó la permuta de unas fincas de titularidad privada.

En su auto, el juez recoge también la versión del Ministerio Fiscal, que solicita el sobreseimiento de la causa y que en su escrito de acusación relata que los trabajos fueron realizados sin las oportunas autorizaciones "pese a la oposición de las titulares afectadas" y que la escritura de promesa de permuta, acordada el 21 de septiembre de 2004, fue tachada por los servicios públicos municipales de asesoría jurídica e intervención "como nulas de pleno derecho, dada su efectividad práctica".

Sin embargo, el fiscal considera que las actuaciones imputadas, "pese a las irregularidades administrativas (...) no ocasionaron ningún quebranto patrimonial objetivable ni la vulneración palpable de los principios rectores de la administración público, a los que cabe añadir los esgrimidos por la defensa en escrito que el Fiscal hace suyos".

La acusación particular, además de las penas, considera que ya es imposible devolver los terrenos "cuya posesión les fue arrebatada mediante los delitos" a las dos personas que registraron la querella contra el exalcalde y el Ayuntamiento de Pulianas y reclama que se les abone la cuantía de 315.393 euros además de los intereses legales.

Por todo ello, el juez considera en sus razonamientos que la apertura de juicio oral debe atenderse toda vez sea solicitada por el Ministerio Fiscal (que pide el sobreseimiento de la causa) o la acusación particular y la decreta formulando acusación contra Rafael Gil Bracero por la presunta comisión de un delito de estafa agravada y un delito de prevaricación. Al exalcalde le ha requerido también una fianza por importe de 420.524 euros.

Del mismo modo ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Pulianas, al que ha solicitado que se persone en la causa mediante abogado y procurador.

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