Las diputaciones andaluzas piden cambios normativos para evitar discriminación en torno al PFEA
Los diputados de Empleo de todas las instituciones provinciales de la región se reúnen en Granada para unificar criterios ante el resto de administraciones
La reunión se ha celebrado en Granada. Foto: Julio Grosso (Dipgra)
Los responsables de Empleo de las ocho provincias andaluzas se han reunido este en la sede de la Diputación de Granada con el objetivo de unificar criterios y mantener una postura común ante el resto de administraciones en torno a la gestión del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).
Los diputados y diputadas han sido recibidos por el presidente de la Diputación, José Entrena, que ha presidido la reunión en calidad de presidente de la Comisión de Intermunicipalidad de la FAMP, y por la responsable del área de la institución granadina, Ana Muñoz. En la reunión, ha quedado de manifiesto que existen diferencias en la gestión del PFEA en las provincias andaluzas y se ha planteado la necesidad de llevar un discurso conjunto de todas las diputaciones ante el resto de las administraciones con las que se comparte responsabilidad en este programa (Estado, Junta de Andalucía y Ayuntamientos) que ponga en valor el papel de las diputaciones en la gestión del PFEA.
Por ello, los representantes de las diputaciones provinciales han acordado solicitar cambios normativos para evitar situaciones de discriminación entre los trabajadores agrarios de diferentes provincias.
En concreto, han acordado instar a una modificación del Decreto 939/1997 de 20 de junio, que regula la afectación al programa de Fomento del Empleo Agrario de Créditos para Inversiones de las Administraciones Públicas en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas para evitar desigualdades entre provincias y adaptarlo a las nuevas normativas relacionadas con aspectos como la prevención de riesgos laborales.
Además, han decidido solicitar que se modifique el modo de relación entre las distintas administraciones que participan en el PFEA para establecer un sistema de colaboración y no de subvención, que existe actualmente. Los representantes de las diputaciones entienden que así se garantizaría que las ayudas lleguen a todos los parados del régimen agrario.
Los representantes de las diputaciones han destacado la importancia del PFEA no sólo por el empleo que genera entre los trabajadores agrarios sino por su importancia económica y su utilidad social. En este sentido, han aludido a las ventajas cualitativas del programa como la permanencia de la población rural en sus territorios o la mejora de los servicios de los vecinos y vecinas de las zonas rurales con la construcción de centros sociales, parques o jardines, urbanización de polígonos industriales, mejora del alumbrado público, o la conservación y arreglo de calles y caminos.
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