viernes 27 enero
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María de los Ángeles interpone un recurso de suplicación ante el TSJA

La lachareña a la que la juez deniega la pensión de viudedad por estar casada con el que fuera su marido por el rito gitano asegura que no se rendirá y llegará “hasta el final”

María de los Ángeles Fernández, junto a su abogado, Laureano Sánchez. Foto: Álex Cámara

María de los Ángeles Fernández, junto a su abogado, Laureano Sánchez. Foto: Álex Cámara

Rodeada por sus hijas, María de los Ángeles Fernández, llegaba a la puerta del Centro Sociocultural Gitano de Granada con la intención de comunicar su decisión de seguir adelante ante la decisión del juez de denegarle la pensión de viudedad. Junto a su abogado, Laureano Sánchez Perea, y el responsable de la Federación de Unión Romaní, Manuel García Rondón, la lachareña ha hecho hincapié en que siempre ha estado con el padre de sus hijos. “Nunca he estado con otros hombres. Era mi marido, no mi pareja, puesto que he estado viviendo con él 27 años. Tengo cuatro hijos con él, tres de ellos ya casados e independientes, pero una tiene 14 años y está a mi cargo, solo cobro 223 euros de orfandad de esa hija pero nada más. Lo me que me ha llevado a tener luz y agua cortadas. No pienso rendirme, llegaré hasta el final”, ha asegurado María de los Ángeles al tiempo que ha reconocido no haber cobrado "ninguna otra pensión”.

El abogado ha señalado que la juez deja declarado como hecho probado “que hubo una unión matrimonial por el rito gitano, pese a que se negara a entrar en la cosa juzgada”. “Esto nos permite plantear, como ya hemos hecho, el recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la sala de lo Social, que nos va a permitir pelear este caso hasta el final”, ha añadido mientras destacaba que los pasos a seguir, a partir de ahora, son TSJA, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal de Estrasburgo.

De igual modo, Sánchez Perea ha subrayado que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo es una sentencia “de mucha trascendencia”, puesto que lo que resuelve es que, en los casos en los que se ha llevado a cabo el matrimonio por el rito gitano, “hay que darles validez interpretando el artículo 14 del Tratado de Roma, es decir, el Convenio Europeo de Derechos Humanos”. “En cuatro meses estará resuelto el recurso en el TSJA, el Tribunal Supremo resuelve en un año aproximadamente, estamos con un tema de tres o cuatro por delante, pero esperemos en que no haya que llegar a Estrasburgo”, ha precisado el letrado para quien la prioridad es que se traslade al Gobierno central una Proposición No de Ley, “en la que se plantee la modificación o la incorporación al apartado tercero de un párrafo que reconozca los derechos matrimoniales de una minoría étnica”.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Unión Romaní, Manuel García Rondón, ha manifestado que, independientemente de lo que marque la Ley, es una cuestión “de justicia social”. “Las leyes están para cumplirlas, así como para interpretarlas. Lo que no se entiende es que por una pensión de pequeño montante, cuando está todo comprobado en una cartilla de la Seguridad Social, en un libro de familia e incluso hay un pueblo que hace de notario de esa convivencia, se esté juzgando y utilizando argucias judiciales para negarle a una pobre un derecho que la propia Constitución avala”, ha recalcado García Rondón mientras sostenía que si se tiene que ir a Estrasburgo, “se irá y tendrán que pagar una indemnización por los daños morales como ha ocurrido anteriormente”.

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