Procesadas ocho personas por el incendio en la Sierra de Lújar que calcinó 2.000 hectáreas
Del total, 1.580 eran de superficie forestal, con zonas de alcornocal centenario de gran valor ambiental y pinar
El Juzgado de Instrucción 2 de Motril ha culminado la investigación del incendio forestal que el 8 de julio de 2015 calcinó más de 2.000 hectáreas en la Sierra de Lújar obligando al desalojo de 600 vecinos, y ha procesado a un total de ocho personas por un delito de incendio, según han informado fuentes judiciales.
El incendió afectó a los términos municipales de Lújar, Rubite, Órgiva, Motril y Vélez de Banaudalla y de las 2.147 hectáreas arrasadas, 1.580 eran de superficie forestal, con zonas de alcornocal centenario de gran valor ambiental y pinar, que formaban una singularidad ecológica relevante sobre el entorno, según declaró en su momento el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El Juzgado de Instrucción 2 de Motril ha dictado auto de procedimiento de abreviado dando por finalizada la instrucción y ha procesado a estas ocho personas, que son trabajadores de Endesa y de dos empresas subcontratadas, por un delito de incendio. Por su parte, las compañías Endesa y Mapfre están investigadas como responsables civiles subsidiarias.
La Audiencia Provincial de Granada ya ha confirmado el auto de procedimiento abreviado y la causa está pendiente ahora de la presentación de los escritos de acusación, según han detallado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Este mismo juzgado archivó en un principio la causa, pero el Ayuntamiento de Lújar pidió que se reabriera reclamando que se depuraran responsabilidades, ya que entonces hasta "tres informes apuntaban al titular de los tendidos eléctricos por infracción en sus deberes de prevención".
El ayuntamiento mantenía en aquel momento que la empresa -en régimen de externalización- que prestaba a Endesa el servicio de limpieza de las torres eléctricas y observancia de los planes de prevención tenía que responder acerca de la falta de limpieza del entorno de las torres de electricidad, lo que a su juicio no excluía la responsabilidad de la misma compañía eléctrica como titular de las instalaciones.
