martes 19 marzo
La Capital  |   | Redacción aG - E. P.

Un jurado popular juzgará desde el 1 de abril al acusado de matar de un tiro a su sobrino en Cartuja

La Fiscalía solicita una condena de 22 años de prisión al considerar que el procesado es autor de un delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas · La acusación lo eleva a 27 mientras la defensa reduce la calificación a homicidio

Momento en el que la Policía se encontraba en el lugar de los hechos junto a la Policía Judicial. Foto: Álex Cámara

Un jurado popular enjuiciará del 1 al 3 de abril al hombre acusado de matar de un tiro a su sobrino hace ahora poco más de dos años en el barrio de Cartuja, en el marco de una discusión familiar en la calle Soto de Rojas.

Los hechos se produjeron el 22 de febrero de 2017 y llegan ya a la vista oral después de dos años de instrucción, por lo que será un jurado el que resuelva sobre el único acusado de lo ocurrido, quien reconoció el disparo y que permanece en prisión provisional desde el 21 de marzo de 2017.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por el despacho de Aranguez Abogados, califican lo ocurrido de asesinato con alevosía, además de imputar al procesado un delito de tenencia ilícita de armas, al disparar "contra una persona desarmada, de forma súbita e inesperada" y porque la bala impactó en la parte trasera de la cabeza, ha informado la acusación.

Por otra parte, la defensa considera que se produjo un delito de homicidio con las atenuantes de arrebato u obcecación y confesión. En la vista está previsto que declaren varios testigos protegidos, toda vez que después de lo ocurrido se produjeron momentos de tensión en la zona y quema de vehículos.

Por estos hechos, la Fiscalía pide una pena de 22 años para 'El Chelines', alias que recibía el acusado. Según su escrito de acusación, los hechos se desencadenaron a raíz de que la víctima, que entonces tenía 27 años, mantuviera en la tarde del 22 de febrero e 2017 una discusión con su tía y su prima en un bar próximo a la calle Soto de Rojas. Eran la mujer e hija del acusado y la familia del fallecido y la Fiscalía atribuye la disputa a motivos sentimentales relacionados con una “presunta infidelidad”.

Tras esta discusión el joven se dirigió en compañía de varios familiares y amigos a un banco cercano. Sobre las 20.45 horas, se desplazó hasta allí el acusado, de 53 años, a bordo de una furgoneta pequeña blanca de la que se apeó para dirigirse a pie hacia la víctima, al tiempo que le gritaba por su nombre preguntándole “qué pasa”. El joven que se encontraba en la acera y de espaldas a la calzada no pudo percatarse de la llegada de su tío.

Cuando se encontraron frente a frente, el presunto asesino le agarró de la ropa a la altura del pecho y le rodeó luego por los hombros para colocarle de seguido una pistola en la cabeza, a la altura del oído izquierdo. Le disparó “a bocajarro provocándole inmediatamente la muerte” y luego se marchó en la misma furgoneta, según expone el fiscal. La autopsia del finado constató que se trató de una muerte violenta de “etiología criminal” por herida de fuego en el cráneo.

Uno de los coches quemados en el barrio a raíz del suceso. Foto: L. F. R.

Una indemnización por daños morales 

La Fiscalía pide 20 años de prisión por el delito de asesinato y otros dos por tenencia ilícita de armas, además de la prohibición de aproximarse y comunicarse con los familiares de la víctima durante 30 años. A ello suma una indemnización de 99.000 euros por daños morales a la madre del fallecido en concepto de responsabilidad civil.

La acusación particular, representada por el letrado Antonio Mazuecos, de Aránguez Abogados, pide 27 años de prisión por los mismos delitos y eleva a 150.000 euros la cantidad de la indemnización para la madre. Afirman en su escrito que tras acabar con la vida de su sobrino político, el acusado “permaneció unos instantes” observándole en el suelo antes de “huir a toda velocidad”.

Aquella noche ardieron varios coches y trece personas fueron detenidas tras irrumpir violentamente en domicilios ajenos, aunque la tensión continuó en el barrio durante varios días más con más quemas de vehículos.

La acusación particular, que ejerce la madre de la víctima, eleva su petición a 27 años de prisión, según consta en los escritos presentados por las partes.

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