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Una sala de fiestas en una antigua huerta nazarí de Granada
IU denuncia la "indisciplina urbanística" del Ayuntamiento de Granada, al calificarlo como principal "aliado" de la especulación al autorizar el cambio de uso de una zona agrícola de la Vega
El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado el cambio de uso que se dará a un cortijo con "unos máximos niveles de protección", al pasar de ser una zona agrícola a catalogación para poder instalar una sala de fiestas con zona de aparcamiento y dos terrazas.
El concejal de la formación, Francisco Puentedura, ha denunciado este cambio por parte del Gobierno local al mismo tiempo que ha anunciado que pondrá la resolución en manos de las delegaciones de Cultura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía por si se pudiera estar incumpliendo la normativa.
Se trata de un espacio de 32.000 metros cuadrados de los cuales se utilizarían en torno a 20.000, ha explicado Puentedura, que ha señalado que las intenciones son construir una sala de fiestas en 3.000 metros cuadrados, dos terrazas y una zona de aparcamiento para 200 vehículos y 16 autobuses. La inversión total estimada es de un millón de euros.
Todo esto se hará en una zona en la que el cambio de uso "ni es ni debe ser compatible", al recordar que se trata de un espacio de huertas nazaríes y uno de los de mayor nivel de protección, según se contempla en el Potaug y en el PGOU.
En Cortijo del Carrijo, que es como se conoce este enclave, sí se contempla la posibilidad de construir unos merenderos, algo a lo que que a juicio del edil de IU está permitiendo al PP ampararse para poder habilitarlo para una sala de fiestas que "nada tiene que ver" con el uso agrícola.
El Gobierno local, ha denunciado, usa "de rondón" una normativa del PGOU para ejecutar el cambio de uso de este cortijo. "Ésta es la pervesión que constantemente convierte a la Vega en un coladero que genera irregularidades urbanísticas y acaba degradándola", ha dicho Puentedura.
Además, ha asegurado que esta modificación conlleva tras de sí una "intención especulativa pura y dura". El Ayuntamiento de Granada percibe el 10% del total como aval y otro 10% de pago de aprovechamiento.
Por último ha enumerado las reticencias que aporta el Estudio de Impacto Ambiental sobre este proyecto, recordando que en el análisis de los 25 indicadores hay 16 negativos, entre los que destacan el impacto sobre el suelo, el paisaje, la vegetación o la calidad del aire.
