Finanzas inclusivas para un colectivo necesario
Desde su origen hace ya varias décadas, las microfinanzas y las finanzas inclusivas se han marcado como objetivo facilitar y favorecer el acceso a los servicios de ahorro y crédito a las gentes más desfavorecidas. Habitualmente, estas personas se han tropezado con permanentes barreras hacia el uso y disfrute de herramientas y productos financieros tendentes a la creación de una actividad económica o de un emprendimiento empresarial. A este respecto, el grupo parlamentario Ciudadanos ha manifestado su constante preocupación por el colectivo de personas con discapacidad (física o sensorial) y por las personas con necesidades especiales y, en concreto, respecto a todas las barreras que dificulten su realización como parte de una sociedad, en las mismas condiciones que el resto de la población.
En 2015 se cifran en 3.763.788 los residentes españoles que afirman tener discapacidad o limitación específica, lo que supone un importante número de personas a los que la sociedad, en general, debe prestar una especial atención. Si bien es cierto que, en la actualidad, se ha puesto un fuerte empeño en la creación de programas de accesibilidad, queda aún un largo camino por recorrer para que este colectivo disponga de posibilidades reales de acceso a los servicios financieros, en las mismas condiciones competitivas que accede otra persona sin discapacidad.
El equipo económico de Ciudadanos, haciéndose eco de esta preocupación, ha constituido grupos de trabajo que pretenden diseñar propuestas reales para terminar por eliminar estas barreras que acabamos de comentar.
En la aplicación de finanzas inclusivas, con el estudio de rigor que se proponer realizar, el objetivo no deja de ser el de facilitar al discapacitado o discapacitada la inclusión en el mercado laboral y sistema productivo de la sociedad. Para ello, es posible plantear modelos que ayuden a encontrar proyectos de inversión cuyo valor supere a su coste y, a continuación, su adecuada financiación, haciendo conocedores de todas estas circunstancias y medidas a todos los 'stakeholders' que forman parte del sistema financiero. A la vista de lo expuesto, y bajo la premisa de que el buen diseño de programas y acciones capacita, en lugar de discapacitar, el equipo económico de Ciudadanos pretende abordar este reto desde una doble perspectiva.
En primer lugar, Ciudadanos propone diseñar modelos de selección de proyectos de inversión, con las magnitudes financieras tradicionales propias de los modelos dinámicos de valoración de inversiones, destacando un concepto novedoso como es el de retorno social de la inversión, es decir, rentabilidad proveniente de las ayudas y subvenciones que emanen de la administración estatal y que tengan un destino directo, en nuestro caso, en el colectivo de personas con discapacidad y necesidades especiales.
En segundo lugar, y una vez se hayan seleccionado esos proyectos de inversión cuyo valor supere al coste, y con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios de préstamo y crédito a las personas con discapacidad, proponemos elaborar modelos de medición y evaluación del riesgo de crédito que contemplen la variable discapacidad para incorporarlos en el sistema financiero, todo ello, de acuerdo a las reglas de la normativa bancaria de Basilea II o a los borradores de la cada vez más cercana normativa de Basilea III. Con posterioridad, tras la adecuada medición del riesgo de crédito para personas con discapacidad, estaríamos en condiciones de diseñar modelos de 'pricing' que estimen tasas de interés ajustadas al riesgo para cada acreditado de cualquier cartera de préstamos que incluyan créditos a personas con discapacidad, tratando esta variable como un claro mitigante de riesgo de crédito.
En resumen, desde Ciudadanos realizaremos propuestas para posibilitar el desarrollo personal de las personas con discapacidad, formulando programas que mejoren la vida participativa desde lo laboral y lo económico. De cuanto antecede puede concluirse que el resultado final perseguido es el de proponer un conjunto de normas a las entidades financieras y bancarias que sirvan de orientación para incluir a las personas con discapacidad en el uso de los servicios financieros, bien en las oficinas o sucursales, o bien a través de los medios virtuales o electrónicos.
Juan Lara Rubio
Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada
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