lunes 30 noviembre
Opinión  |   |

La ciudadanía primero

En el desarrollo de la ejecución de cualquier actividad, como un elemento básico de la gestión, debe de estar la evaluación. Desde que entramos al colegio estamos sometidos a un proceso en donde se revisa nuestro rendimiento o los logros alcanzados.

Donde más evidente se hace la necesidad de controlar los objetivos y metas programadas, es en la empresa, ya que en ella se pone de relieve lo productiva que se hace la acción diaria de quienes prestan en ella sus servicios, llegando en algunos casos a romper el vínculo que les une por falta de rendimiento, o por deslealtad en los fines programados.

En la actividad política, el control del rendimiento se hace cada cuatro años. Es el mecanismo normal que establece nuestro sistema constitucional para dar, o quitar, la confianza a quienes tienen la obligación de trabajar para la ciudadanía. No obstante, en el transcurso de esos cuatro años de mandato, nuestro sistema otorga determinados mecanismos (por ejemplo la moción de censura) que viene en momentos muy puntuales a tratar de remediar situaciones en donde, o bien porque existe una falta de confianza en el gobernante, o bien por incumplimientos graves, se puede ver alterada la mayoría.

El 28 de mayo de este inolvidable año, el grupo socialista alcanzó un acuerdo con los portavoces del Partido Popular y Ciudadanos, que hizo posible, después de muchos años, la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Granada.

Con independencia de que en sí mismo aquello ya constituía un hecho histórico, lo cierto es que el pacto contenía un conjunto de medidas “extrapresupuestarias”, que a día de hoy (después de seis meses) se encuentran en un grado mínimo, o incluso nulo, de ejecución.

En efecto, acuerdos como la bolsa de empleo para colectivos vulnerables, la brecha digital, la oficina anticrisis, el plan de vivienda para Chana o Norte, el Plan General de Ordenación Urbana, no han tenido el más mínimo empuje administrativo por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada.

Siendo grave el grado de incumplimiento de esos compromisos, lo que puede llegar a ser exasperante es que llegados al mes de noviembre no se haya iniciado nada respecto a otro de los compromisos que contenía el pacto de mayo: la modificación de las ordenanzas municipales. Entre otras cuestiones, si algo se puede hacer desde el ayuntamiento de cara a favorecer a la ciudadanía es mediante una política que favorezca el bolsillo de quienes viven o trabajan en el municipio.

En efecto las situaciones son muy diversas, pero hay mucha gente que lo está pasando mal. Desde el incremento de familias que están encontrando cada día más dificultades para poder comer diariamente con una evidente carga en las entidades que se ocupan de los bancos de alimentos, a la posición que esta pandemia está colocando a muchos pequeños negocios de nuestra ciudad que se dedican al comercio y a la hostelería.

En relación a este ultimo aspecto, y dentro del margen que legalmente tiene el Ayuntamiento de Granada, ya se deberían de haber puesto en marcha la modificación de sus ordenanzas fiscales con el objetivo de ayudar a aliviar la grave situación que atraviesa gran parte del entramado económico de nuestra ciudad que está basado, fundamentalmente, en el comercio y la hostelería.

Otras ciudades de España, llevan la delantera a Granada en muchos meses. Basta mirar las medidas adoptadas en otros municipios para darnos cuenta de que ha habido multitud de iniciativas que se pusieron en marcha en el segundo trimestre de este fatídico año. En nuestro caso, el equipo de gobierno anunció en abril que suspendería las tasas de ocupación de terrazas, o la de recogida de la basura para la hostelería y el comercio, y lo único que ha hecho es adoptar un acuerdo de bonificación para el año 2021. Medidas tardías y escasas, para los sectores afectados.

En estos momentos, se hace imprescindible adoptar iniciativas que conlleven un ahorro fiscal a nuestro comercio, a nuestra hostelería o empresarios afectados por la limitación de su actividad.

El grupo socialista ha puesto encima de la mesa del gobierno de la ciudad, un conjunto de propuestas concretas de cara a paliar la situación de determinados sectores económicos. Somos conscientes de que existen límites de diversa índole. Pero lo que no podemos tolerar es que el Gobierno municipal, frente a esta situación, adopte una posición de pasividad. Entendemos igualmente la necesidad de que el Gobierno de la Junta tome cartas en el asunto para ofrecer ayudas a los sectores afectados tal y como lo están haciendo otros gobiernos autonómicos. De esta situación saldremos, pero si todos ponemos algo de nuestra parte, lo haremos antes y en mejores condiciones.

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Columnista
José María Corpas

Concejal del Grupo Municipal Socialista y Secretario de Política Municipal del PSOE de Granada capital

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