¿Qué tiene la Junta contra la educación pública?
Suele decir la Consejera de Educación que en Podemos somos dados al catastrofismo cuando denunciamos los continuos ataques a la educación pública en Andalucía. Bien es cierto que la situación de nuestras escuelas e institutos no es catastrófica. Nuestras hijas e hijos siguen educándose gracias al esfuerzo ímprobo de decenas de miles de docentes que dan lo mejor de sí mismos, pese a los recortes de sus salarios, la ampliación de su carga lectiva y la escasez de recursos con los que cuentan, por no hablar de la reducción de los programas de formación. Sin embargo, ¿No son catastróficas las aulas prefabricadas?
Tampoco podemos dejar de alegrarnos estos días por la excelente noticia de la paralización de la LOMCE, que suponía una nueva amenaza para nuestro sistema de enseñanza, aunque aún falta que sea sustituida por una nueva ley que nazca de un proceso participativo, abierto a toda la comunidad educativa, que permita lograr un mayor consenso y garantizar así un modelo que perdure y no tenga que estar al albur de los vaivenes.
Pero esas nuevas expectativas se quedarán en agua de borrajas si la administración más cercana, la Junta de Andalucía, sigue cercenando la educación pública. Según el sindicato USTEA son más de 130 unidades las que se han suprimido en la provincia de Granada en centros públicos -las últimas, las dos de los colegios de Motril que han motivado un encierro de padres y madres- sin que se haya reducido una sola unidad en los centros concertados. CGT, por su parte, calcula en más de 600 las aulas de educación pública que se perderán el curso que viene en toda Andalucía, mientras la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Infantil (PADEI) denuncia un descenso del alumnado de educación infantil cercano al 7% en los centros públicos, que contrasta con un aumento del 2,53% en los privados concertados.
A estos datos podríamos añadir la privatización de servicios como la educación especial, que se traduce en precariedad laboral, remuneraciones inferiores al salario mínimo, vacaciones no pagadas y contratos por debajo de la categoría laboral requerida. O el problema de las bajas que no se cubren hasta pasados 10 días, o se cubren con profesorado de apoyo previsto para otras tareas, o el de la tasa de reposición, que sigue sin permitir suplir con nuevo profesorado el que se pierde por las jubilaciones. En lo concreto, los centros de la provincia de Granada, nos topamos con las aulas prefabricadas en colegios como los de El Chaparral en Albolote o el de Ambroz o el peligro de las vallas en Ogíjares, por citar sólo algunos casos.
Cuando denunciamos este deterioro, que provocó una huelga estudiantil de dos días esta la semana pasada, se nos contesta una y otra vez aludiendo a la crisis, a la falta de financiación del gobierno central, a la eterna coyuntura económica... Argumentos que suenan a excusas cuando en estos días hemos sabido que Baleares baja los ratios en educación infantil o que la Comunidad Valenciana aumenta en 415 las unidades en centros públicos o reduce en 11 las privadas concertadas. El contraste entre la Comunidad Valenciana y Andalucía ejemplifica en estos simples datos la diferencia entre un gobierno de cambio y progreso y otro en el que el PSOE más conservador y corrupto se apoya en el Partido del IBEX 35 para continuar con las políticas de recortes y privatizaciones.
Un buen mensaje para Pedro Sánchez, si aún quiere apostar por un cambio real para el país: "otras políticas más justas son posibles". Sí se puede, si se quiere.
Jesús de Manuel Jerez
Parlamentario andaluz de Podemos por Granada
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