Absuelven a la excúpula de la Alhambra y a un empresario por el caso audioguías
El tribunal entiende que la actuación de los encausados no fue delictiva y que se contó con informes favorables del gabinete jurídico y de la Intervención General de la Junta de Andalucía
Los tres exmiembros de la cúpula del Patronato público que gestiona la Alhambra de Granada y el empresario que fue juzgado por supuestas irregularidades en la adjudicación y gestión de las audioguías en el monumento nazarí han sido absueltos por la Audiencia de Granada.
Esta causa sentó en el banquillo a la que fuera directora del monumento María del Mar Villafranca, a la exsecretaria y al exjefe de contabilidad del patronato nazarí, y al administrador único de la empresa adjudicataria del servicio investigado, Stendhal Museum Solutions.
Fuentes judiciales han informado este lunes de que, en la sentencia absolutoria para los cuatro procesados, el tribunal entiende que la actuación de los encausados no fue delictiva y que, en el caso de la excúpula del monumento, se contó con informes favorables del gabinete jurídico y de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
No se deduce por tanto, han añadido las fuentes, que hubiera un trato de favor hacia la empresa concesionaria del servicio investigado, ni que existiese una relación entre los miembros del patronato procesados y la empresa, sino más bien un trato distante.
Contra esta sentencia de la Audiencia de Granada, que ha sido notificada este lunes, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, han detallado las fuentes.
La Fiscalía mantuvo en sus conclusiones definitivas su solicitud de cinco años de cárcel para Villafranca y para la que fue secretaria del patronato, y diez años de prisión para el administrador único de la empresa adjudicataria.
La causa, que también sentó en el banquillo al que fuera jefe de contabilidad del patronato nazarí -únicamente acusado por la Junta de Andalucía como acusación particular-, investigó posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
En el arranque de la vista, la exdirectora del que históricamente ha sido el monumento más visitado de España declaró que siempre había actuado movida por el interés público, que nunca pensó ir en contra de la legalidad y que no tuvo intención de beneficiar a la empresa adjudicataria del servicio de audioguías.
Villafranca, que atribuyó en declaraciones a los periodistas la causa a una "persecución", dijo ante el tribunal que ella se debía a lo ordenado por el pleno del propio patronato, con arreglo a un plan de pagos y un acuerdo de compensación de las deudas que la adjudicataria de las audioguías había contraído.
Por su parte, la exsecretaria del recinto situó la responsabilidad de seguimiento del contrato en el órgano de contratación, reconoció que se estaban generando "problemas" con la empresa y explicó que igualmente intentó promover una vía de apremio para los pagos.
También por parte del patronato, el que fuera jefe de contabilidad -quien no estaba acusado por la Fiscalía- dijo que durante su período en la sección de ingresos no tuvo ninguna responsabilidad sobre la ejecución de los contratos ni tampoco vinculación alguna con el empresario investigado.
Este último reconoció, por su parte, que su empresa Stendhal Museum Solutions llegó a tener "problemas de tesorería" y que el patronato del monumento nazarí les pagaba "fatal, siempre mal y tarde".
Acusación de la Fiscalía
Según el escrito de la Fiscalía, la empresa Stendhal habría causado un perjuicio económico a la Alhambra como consecuencia de los incumplimientos detectados en la ejecución del contrato, con la "anuencia y connivencia" de Villafrancia y la exsecretaria general, de más de 1,25 millones de euros, partiendo de la contabilidad de la propia mercantil y no de los datos reales de ventas.
Además, de acuerdo al relato de la acusación pública, entre 2007 y 2011 el administrador de la mercantil habría llevado a cabo la "sustracción" de la recaudación obtenida en el desarrollo del contrato suscrito con el monumento "ocultándola en la contabilidad de su empresa", con unos precios de alquiler "diferentes a los establecidos".
La recta final del juicio, celebrado el pasado enero, coincidió con la condena por parte del Tribunal de Cuentas a Villafranca al pago de 404.265 euros como "responsable contable directa" tras una demanda de la Junta relativa a dos contratos del monumento, entre ellos el del servicio de audioguías; una sentencia que la exdirectora del monumento anunció que iba a recurrir.
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