El Ayuntamiento de Pinos Puente exige a la empresa de ayuda a domicilio que pague los atrasos a las empleadas
Considera un “agravio” que haya otros municipios donde también presta el servicio y sí haya pagado las cantidades adeudadas desde el año pasado
El Ayuntamiento de Pinos Puente ha exigido a la empresa concesionaria del servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio, Obolo SCA, que proceda a abonar las cantidades atrasadas a las trabajadoras desde el año pasado.
Así lo ha manifestado la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento pinero, Patricia Herrera, después de mantener un encuentro con el abogado de la empresa para dar explicaciones al equipo de Gobierno y a las trabajadoras del servicio sobre la situación.
El servicio de Ayuda a Domicilio en Pinos Puente se gestiona de manera indirecta mediante esta empresa, que lo presta desde diciembre de 2021. A finales del año pasado, en noviembre, el Boletín Oficial del Estado hizo pública la subida de las tablas salariales del convenio en un 6,5%.
De este modo, la subida comienza a hacerse efectiva en ese momento, sin embargo, la empresa adjudicataria del servicio ha recurrido la retroactividad de esa subida salarial, al no ser una sentencia firme y por tanto, hasta que no resuelva el juez no ha procedido al abono de esta cuantía a las trabajadoras pineras.
“Las explicaciones que nos dan, si bien entendemos que se ajustan a la legalidad, a este equipo de Gobierno no nos satisfacen”, ha dicho Herrera, quien ha recordado que hay al menos dos pueblos de la misma empresa a las que sí se les han pagado esos atrasos.
La edil ha considerado que esto supone un “agravio” con las trabajadoras de Pinos Puente, al tiempo que ha considerado que es “poco ético”, por lo que han exigido a la empresa que reconsidere su decisión y pague a sus trabajadoras el aumento que ya ha abonado en otras localidades, “ya que han reconocido de forma tácita su deber de pago”.
La situación generada, ha recalcado la edil de Servicios Sociales, es “preocupante” para el Gobierno local, motivo por el que han realizado consultas jurídicas sobre las medidas que se pueden adoptar.
En todos los casos, ha recordado Herrera, afirman que es una práctica legal, al estar esos atrasos “sub judice” pues no se está incumpliendo el convenio colectivo y por tanto “sería ilegal por parte del Ayuntamiento resolver el contrato con la empresa por esta razón”.
