La Fiscalía pide hasta 9 años de cárcel para 45 acusados del fraude de las entradas de la Alhambra
La mayoría de ellos controladores, en un caso cuya instrucción ha durado casi nueve años y que concluyó con un total de 77 imputados
Les atribuye provisionalmente un delito continuado de apropiación indebida. Foto: Álex Cámara (archivo)
La Fiscalía de Granada ha solicitado penas de entre cuatro y nueve años de cárcel y multas para 45 acusados por el supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos a la Alhambra de 2002 a 2005, la mayoría de ellos controladores, en un caso cuya instrucción ha durado casi nueve años y que concluyó con un total de 77 imputados.
Concretamente, les atribuye provisionalmente un delito continuado de apropiación indebida --o subsidiariamente un continuado de estafa--; otro continuado de falsedad en documento mercantil; y finalmente un delito continuado de daños al patrimonio histórico artístico.
Para diez de ellos pide nueve años de prisión y 9.000 euros de multa, mientras que para los 35 restantes rebaja la pena a los 4 años de cárcel y 2.160 euros de multa. Por otro lado, para otros 32 imputados interesa el libre sobreseimiento, "por no quedar acreditada su participación en los hechos".
En concepto de indemnizaciones, el fiscal reclama además a todos los acusados, con las agencias de viajes Daraxatour S.L. y Washington Irving S.L. como responsables civiles subsidiarios, que paguen conjunta y solidariamente al Patronato de la Alhambra y el Generalife 6,66 millones de euros, cifra que calcula que supuso el perjuicio económico para el monumento por los ingresos no percibidos y por los daños materiales causados por los excesos de aforo.
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, la presunta trama delictiva estaba encabezada por cinco miembros de una misa familia, dos de ellos guías turísticos, otro director comercial del Hotel Carmen y el resto de las agencias de viajes Witt Travel S.L. yy Daraxatour S.L., quienes "con la finalidad de conseguir un provecho patrimonial ilícito idearon y ejecutaron durante los años 2002 a 2005 un plan" para ingresar lo que sus clientes pagaban para obtener una entrada a la Alhambra, monumento al que accedían pese a este sistema ilícito.
Estos acusados aprovecharon también las relaciones de amistad y profesionales que les unían con otro de los procesados, un guía turístico que durante 40 años prácticamente monopolizó la visita del turismo japonés a Granada gracias a su conocimiento del idioma y contactos con agencias que gestionaban grupos de esta nacionalidad.
