La Junta niega desahucios y aclara que "solo" exige el cumplimiento de la legalidad
Fomento y Vivienda rechaza las denuncias "demagógicas" del PP y garantiza la vivienda para las familias realmente necesitadas y que no pueden pagar
La Delegación territorial de Fomento y Vivienda ha asegurado que no está impulsando "ni un solo expediente administrativo de desahucio" en su parque público de viviendas en Granada y ha aclarado que solo está exigiendo el cumplimiento de la legalidad en su ocupación y uso y el abono de las rentas de alquiler a los inquilinos más morosos para que cumplan con la obligación que tienen contraída con la Administración autonómica desde que firmaron el contrato de adjudicación de sus viviendas.
Así lo ha trasladado la Delegación a través de un comunicado en el que ha asegurado garantizar la vivienda "para las familias realmente necesitadas" y también su ayuda a las que tienen problemas para poder abonar su alquiler. De este modo, ha rechazado “la denuncia falsa" sobre desahucios en el parque autonómico de viviendas y crítica la "actitud demagógica" del PP, "cuyas políticas de vivienda sí que han resultado nefastas para la familias más vulnerables como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, donde se han vendido viviendas públicas a fondos buitres”.
Fomento y Vivienda ha señalado que se trata de unas cartas enviadas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para reclamar el abono de los alquileres a inquilinos que no cumplen con sus obligaciones legales y acumulan una importante deuda con la Administración autonómica, pese a que el alquiler de una vivienda pública en Granada y Andalucía es de las más bajas de España, con una renta media de 33 euros mensuales.
Según la Delegación, "AVRA solo está remitiendo estas cartas a los inquilinos que llevan mucho tiempo sin pagar y que no justifican su morosidad ni acreditan una situación de precariedad o vulnerabilidad y, por tanto, pueden afrontar el pago de dichas rentas que sirven además a la Administración para sostener el mantenimiento y conservación de dicho parque de viviendas".
Fomento y Vivienda ha hecho hincapié en que, "en ningún caso", se exige este pago a familias "cuya deuda está motivada por una situación sobrevenida como consecuencia de la crisis, el desempleo o de otras circunstancias personales adversas". En estos casos, AVRA dispone de una serie de medidas de carácter social para precisamente ayudar a estas familias en el sostenimiento de sus vivienda, como la minorización o aplazamiento de sus obligaciones económicas.
En las misivas remitidas a los inquilinos morosos se les advierte de la reclamación judicial de su deuda si no atienden a esos pagos o no acredotam una situación socioeconómica adversa que les impide su abono. No obstante, la Delegación ha precisado que la vía judicial a la que se recurriría es monitoria y, por tanto, en ningún caso contempla el desahucio de la vivienda.
Estas cartas persiguen especialmente conocer realmente los motivos que impiden a estos inquilinos hacer frente a sus rentas para, una vez analizada la situación de cada familia, se puedan buscar las fórmulas más adecuada para que puedan seguir liquidando su deuda con el apoyo social y económico de la Junta.
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