Las áreas de los incendios de Jun y La Tahá, declarados zonas afectadas por emergencias
El Consejo de Ministros ha acordado esta medida tras los fuegos que se han producido este verano
El Consejo de Ministros ha acordado declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) a dos áreas de Granada que este verano han sufrido importantes incendios forestales, además de provincias de otras 12 comunidades autónomas, situadas en Jun y en La Tahá.
En todos los casos, estos incendios alcanzaron tal gravedad que las administraciones competentes (las comunidades autónomas) se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de entidad (niveles 1 o 2), tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) aprobado el pasado 15 de diciembre por el Gobierno para acceder a la declaración de ZAEPC.
61 hectáreas afectadas
El pasado 14 de julio, el Plan Infoca daba por extinguido el incendio forestal declarado dos días antes en el término municipal de Jun, en el paraje del barranco de San Jerónimo, el cual calcinó 55 hectáreas de matorral y arbolado.
En cuanto al de la Alpujarra, era el 26 de julio cuando el Infoca daba por controlado a primera hora de la mañana el incendio forestal declarado un día antes en término municipal de La Taha, en el paraje Pitres-Capilerilla, afectando en principio a una superficie de seis hectáreas.
La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, ha destacado la rapidez con la que el Ejecutivo ha actuado, pensando en las personas y apoyando a aquellas que más lo necesitan.
Evaluación de daños
Se trata, en todos los casos, de emergencias de protección civil de grandes proporciones que han provocado daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como daños en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas.
Estos daños no han podido ser identificados y cuantificados con la precisión necesaria para determinar las ayudas destinadas a paliar tales perjuicios, por cuanto la fase de recuperación, iniciada inmediatamente después de la de intervención, no ha finalizado todavía.
Pese a no disponer de una estimación definitiva de los perjuicios ocasionados por estas catástrofes, el Gobierno ha valorado que la magnitud de sus efectos, las medidas que ha sido necesario adoptar para paliar la grave perturbación de las condiciones de vida de la población y conseguir el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales justifican la intervención de la Administración General del Estado por solidaridad interterritorial y para complementar las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales.
