Medina Elvira, lo que pudo ser y no es
Proyectada como una urbanización de lujo en la actualidad es un residencial fantasma con más de mil viviendas · Este lunes arranca el juicio contra los dos últimos alcaldes de Atarfe, funcionarios y promotores del proyecto
La urbanización está cerrada y deteriorada por la falta de cuidados con el paso del tiempo. Foto: Luis F. Ruiz
A escasos 200 metros del Pantano del Cubillas, en un enclave que discurre entre la presa y los núcleos urbanos atarfeños de Los Cortijos y Caparacena se encuentra levantado un residencial con más de mil viviendas de las que no hay ninguna ocupada.
La urbanización Medina Elvira de Atarfe cumple más de una década desde que el proyecto comenzara a fraguarse como un enclave único en el que vivir, con vistas solo al alcance de los residentes, un campo de golf y numerosas prestaciones que a día de hoy no han permitido que ninguno de los propietarios de los inmuebles haya podido empezar a hacer su vida de ensueño que un día le prometieron.
Lo que pide la Fiscalía para cada acusado
· Víctor Sánchez (alcalde de Atarfe de 1991 a 2009) - Dos años de prisión y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística
· Tomás Ruiz (alcalde de Atarfe de 2009 a 2015) - Dos años de prisión y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística
· L. G. G. C. (arquitecto del Ayuntamiento de Atarfe) - Dos años de prisión y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística
· A. L. G. (secretario del Ayuntamiento de Atarfe) - Dos años de prisión y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística
· O. B. R. (representante legal de Bareo Investments y Vladiglof) - Seis años de prisión y multa de 14.400 euros por la presunta comisión de tres delitos continuados de estafa
· J. G.V.L.G. (representante legal de Península Project) - Seis años de prisión y multa de 14.400 euros por la presunta comisión de tres delitos continuados de estafa
· M. M. D. F. (representante legal de Costaind y Costa Indálica) - Seis años de prisión y multa de 14.400 euros por la presunta comisión de tres delitos continuados de estafa
El banquillo de los acusados acoge desde este lunes la vista oral sobre este complejo urbanístico y el por qué se concedieron las licencias para la primera ocupación sin que existieran servicios básicos como la luz o el agua.
Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, tanto Víctor Sánchez -alcalde desde 1991 hasta marzo de 2009- como Tomás Ruiz, en connivencia con los también acusados secretario y arquitecto municipal, "aprovechándose de sus cargos municipales y obviando el cumplimiento de la legalidad", concedieron irregularmente las licencias de primera ocupación a diversas promotoras del complejo residencial Medina Elvira.
Así, hubo quienes adquirieron los inmuebles gracias a que estos permisos "favorecieron y permitieron" las operaciones de compraventa "a sabiendas de que no contaban con los servicios mínimos imprescindibles, exigidos legalmente, para su ocupación y habitabilidad, así como incumpliendo los trámites esenciales y previos a la concesión de las licencias". De este modo se concedieron siete licencias de primera ocupación a distintas sociedades titulares de unas promociones de viviendas y de un centro docente ubicadas en este sector residencial.
La Fiscalía mantiene que esto se hizo "eludiendo los requisitos exigidos por la normativa urbanística para este tipo de suelo y los trámites legalmente previstos para ello", en ocasiones, previo informe favorable del arquitecto municipal, "pleno conocedor" dado su cargo de "las condiciones exigidas legalmente".
El campo de golf, cerrado desde 2012, sirve como lugar de pasto para las ovejas. Foto: Luis F. Ruiz
Con ello considera el Ministerio Público que los procesados incumplieron "consciente y deliberadamente" lo establecido en la normativa vigente, una actuación que se desarrolló con "el conocimiento y el consentimiento" del secretario del Ayuntamiento, quien "faltando a su deber", permitió la "vulneración de la normativa urbanística", "no advirtiendo deliberadamente de la ilegalidad de la actuación".
Para el fiscal, los responsables de las empresas Bareo Investments y Vladiglof, y de las promotoras Península Project, y Costaind S.A. y Costa Indálica, guiados por el ánimo de "obtener un lucro ilícito" procedieron a la venta de los pisos de que eran titulares en el complejo residencial, aún siendo plenamente conscientes de la situación en que se encontraban las viviendas y que al presentar graves irregularidades en la normativa urbanística no podían obtener las licencias necesarias, además de que no contaban con condiciones de habitabilidad al no estar ejecutadas las obras de saneamiento ni estar dotadas de los servicios necesarios.
La Fiscalía mantiene que "ocultaron" estos problemas a los compradores de las viviendas, toda vez que de haberlo sabido no hubiesen llevado a cabo la adquisición ni el pago de su precio, añadiendo que "la publicidad realizada incluso a través de Internet y la apariencia de solvencia de los representantes legales de las sociedades implicadas en estos hechos determinaron las adquisiciones de las viviendas".
De hecho, el Ministerio Público reclama además declarar la nulidad de las siete licencias de primera ocupación concedidas de manera ilegal y la indemnización conjunta, por parte de los acusados, a los adquirientes de las viviendas en las cantidades en que se acredite el perjuicio ocasionado.
En caso de que por las irregularidades urbanísticas concurrentes en las viviendas objeto de la causa no sea factible obtener los servicios que permitan la habitabilidad, reclama que se declare la nulidad de las escrituras de compraventas.
El caso ha llegado a dar numerosos quebraderos de cabeza a sus propietarios, que incluso han visto cómo televisiones nacionales se hicieron eco de la situación. Ocurrió así con el programa '21 días' de Cuatro, que narraba el caso de uno de los inquilinos que tuvo que renunciar a seguir viviendo en una ciudad fantasma.
La Audiencia Provincial juzgará hasta marzo este caso que los afectados califican de "estafa" al no haber visto nunca realizado el sueño que un día les prometieron.
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