Vamos Granada considera que Santa Adela "no debe ser una excepción"
Marta Gutiérrez considera que los vecinos "han conseguido lo que perseguían desde hace mucho: que las administraciones cumplieran con su función"
Desde Vamos Granada se ha celebrado "el que parece el desenlace del capítulo de financiación del expediente de Santa Adela", según ha especificado el partido a través de un comunicado. La concejala Marta Gutiérrez ha considerado que “los vecinos han conseguido lo que perseguían desde hace mucho: que las administraciones cumplieran con su función".
Después de haber escuchado que "la Junta de Andalucía considera este caso como una excepción, por tratarse de viviendas de propiedad privada", Marta Gutiérrez ha apuntado que la actuación de Santa Adela es "un caso claro de lo que contempla en plan estatal para el programa de regeneración de barrios".
"La Junta de Andalucía en estos últimos años se ha comportado como un agente promotor más en el sector inmobiliario con suelo público, sin cumplir su función compensatoria de las dinámicas del mercado privado, hasta el punto que el Defensor del Pueblo llegó a afirmar que más del 50% de la población de Andalucía estaba en riesgo de exclusión en materia de vivienda", ha indicado Marta Gutiérrez.
"Es el momento, dentro de la situación actual de necesidad de intervenir en regeneración y rehabilitación de barrios, de retomar el planteamiento original en el que durante años Andalucía fue pionera con fórmulas de co-financiación y co-gestión con los propietarios residentes para la intervención en las viviendas de los barrios existentes", ha señalado.
Desde Vamos Granada señalan "el papel fundamental que deben tener las administraciones para garantizar la permanencia de la población residente en los procesos de regeneración y rehabilitación de barrios en los que se va a centrar la actividad inmobiliaria en los próximos años", así como también "garantizar el acceso a vivienda de la población con distintos niveles de renta de forma equilibrada, para revertir la gentrificación y la existencia de áreas de marginalidad en las ciudades andaluzas".
"Casos como el de Santa Adela no deben ser excepción, y para eso los responsables de las administraciones deben dejar de achacar a su 'compromiso social' lo que es estricto cumplimiento de su función de canalizar los recursos públicos para garantizar derechos y necesidades fundamentales como el de vivienda", ha concluido Gutiérrez.
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