Los nuevos retos de Atarfe
Atarfe es, en relación a su población y sus presupuestos, uno de los ayuntamientos más sobreendeudados de España. Las obras faraónicas, los pelotazos urbanísticos, las irregularidades de todo tipo, han trasladado al nuevo Gobierno del PASI (Podemos) una deuda de más 60 millones de euros.
El esfuerzo de este año y medio ha sido importantísimo; además de hacer frente, con prontitud, a los nuevos gastos generados se está pagando deuda antigua: préstamos anteriores, deudas comerciales de los años 2014 y 2015, reclamaciones de cantidad con sentencia firme. Se ha iniciado el pago de los préstamos de más de 18,5 millones de euros que el anterior gobierno pidió en 2012 y 2013 para hacer frente al Plan de Proveedores, que puso en marcha el gobierno del PP. Queda por negociar un Plan de pagos con Diputación, el Consorcio de Transportes y la deuda de la Plaza de Toros.
Sin embargo, si nos preguntaran cuál es, ahora, el problema principal, la respuesta sería que Atarfe dispone de una plantilla de personal extremadamente reducida: solo con 1/3 de personal respecto a ayuntamientos con una población similar. El Plan de Ajuste de 2012 apostó por ahorrar en personal, pero sin trabajadores municipales los servicios públicos se deterioran. Por eso, nos hemos propuesto que aunque debamos ahorrar no debe ser en personal.
Por tanto, nuestro principal reto es aumentar la oferta de empleo público, cubriendo las vacantes y creando nuevas plazas en 2016 y en 2017. Eso significa ampliar de 11 a 17 miembros la plantilla de policías, el personal de limpieza, el personal técnico de administración, administrativos y peones. Todos cubrirían servicios esenciales.
Es evidente que de los ayuntamientos depende la calidad de vida de los vecinos, ya que son el primer eslabón al que acuden los ciudadanos en busca de respuestas efectivas a sus necesidades. No valen excusas, debemos dar un servicio de calidad.
Desde 2010, soportamos salvajes recortes económicos y de derechos. Los Ayuntamientos son las Administraciones menos endeudadas (un 2,7%), en comparación con el 74,7% de la Administración Central, pero están condicionados por las leyes aprobadas por el PP: La Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de “racionalización y sostenibilidad de la Administración Local” o Ley “Montoro” de 2013. Estas leyes limitan la oferta de empleo público y la creación de empresas públicas, tanto en ayuntamientos saneados como endeudados, los cuales sufren restricciones más severas. Su aplicación socava la autonomía municipal y ataca los derechos de la ciudadanía. El Gobierno, pese a estar en funciones, ha seguido aplicando la austeridad, con especial saña hacia los ayuntamientos.
Ya es grave e injusto que la deuda no la paguen los que la generaron, y obligue a recortar en personal, mientras se gasta en privatizaciones de servicios en favor de las grandes multinacionales. Es significativo que el pago de la deuda de proveedores de Atarfe haya beneficiado a 5 grandes empresas.
El Gobierno de Rajoy ha demostrado que cuando le interesa, como en 2015, año electoral, sí alivia la deuda, postergando su pago al año siguiente.
Por el contrario, se extiende por todos los municipios un clamor por la abolición de estas leyes; el reciente “Manifiesto de Oviedo” cuenta ya con más de 600 firmas de cargos públicos, exige la supresión de la ley de Estabilidad Presupuestaria y de la ley Montoro. Y además, “la devolución por parte de los bancos de los intereses abusivos cobrados”, así como “el cese inmediato de los recortes y la austeridad, revirtiendo sus consecuencias, identificando a sus culpables e indemnizando a sus víctimas”. En eso está el Gobierno de Por Atarfe Sí.
