jueves 15 abril
Opinión  |   |

Uno al precio de dos

¿Por qué gastar una vez si puedo gastar el doble para hacer lo mismo?. Esta sarcástica pregunta viene a mi mente cada vez que escucho o leo una noticia donde aparecen ejemplos evidentes de despilfarro en la gestión de recursos públicos. Desgraciadamente son más habituales de lo que deberían. Incluso a veces da la sensación de que nos acostumbramos a ellas y dejan de afectarnos, de provocarnos rechazo o indignación. Con la corrupción ha pasado algo parecido. Es cierto que tras episodios muy continuados de corrupción finalmente el electorado castiga a sus protagonistas, pero casi nunca con la contundencia que tales conductas merecen, pasando pronto al olvido colectivo.
En el problema del despilfarro da la impresión de que se ha instalado en el inconsciente social cierta idea de que la gestión pública es sinónimo de dispendio de los recursos colectivos. Es cierto que esta imagen ha sido intencionalmente alimentada desde sectores políticos o económicos con intereses en el desmantelamiento de lo público y la privatización de servicios. Pero también debemos reconocer que desde las administraciones públicas se lo han puesto fácil. No son pocos los ejemplos en que la eficiencia no es realmente un factor importante en la evaluación de los proyectos o en los criterios organizativos de los entes públicos. Analizar sus causas daría para escribir varios tratados pero como simple ciudadano me voy a limitar a señalar que no está esculpida en piedra esa equivalencia entre gestión pública y despilfarro.

Necesitamos de los servicios públicos y éstos pueden y deben ser eficaces y eficientes. Porque son garantía de derechos y de mayor justicia social. En el último año hemos percibido más que nunca esta realidad. Está siendo la sanidad pública la que está librando la principal batalla contra la pandemia. Sin educación pública solo las élites podrían dar formación a sus hijos. Sin decisiones públicas no habría pensiones para los mayores. En este momento todos los sectores económicos reclaman a los gobiernos ayudas directas para salvar sus economías. Incluso los más ultraneoliberales se aprestan a reclamar recursos públicos del Estado y las instituciones a las que habitualmente denostan.

Por eso, como defensor de lo público me indigno cuando detecto signos de despilfarro en la gestión de las instituciones. El dinero que se malgasta se está hurtando al conjunto de la sociedad, a servicios o prestaciones que siendo necesarias se han de dejar de atender porque el dinero se ha tirado por el desagüe. Porque, al contrario que las necesidades, los recursos no son infinitos.

En Granada, con un Ayuntamiento en la ruina, vemos con frecuencia ejemplos de despilfarro. En artículos anteriores he mencionado algunos recientes. Desde talar árboles ya crecidos para al mismo tiempo anunciar que se plantarán nuevos que ya crecerán, hasta la negligencia en la gestión de los contratos de servicios tan básicos y costosos como la limpieza viaria y la recogida de basura, el Servicio de Ayuda a Domicilio o los Programas Deportivos…
Uno de los últimos ejemplos es el de los Carriles Reservados Transitorios (CRT) para transporte público, taxis, bicicletas y vehículos de movilidad personal. Se anunciaron por el concejal de turno como una medida estrella para mejorar la movilidad y contra la contaminación en la ciudad. Tras unos meses de funcionamiento se pregonó el éxito de los mismos y se prometieron nuevas medidas de movilidad y anticontaminación. Pero de un día para otro el Alcalde enmendó la plana a su propio concejal anunciando que todo se iba a revisar. Rápidamente vimos como nuestras calles volvían a ser rotuladas y cambiadas sus señales para prácticamente volver a la situación anterior.

Aparte de los costes económicos de tan erráticas y contradictorias políticas, no es baladí pensar que en el trasfondo de estos cambios existe un serio conflicto político interno en el propio equipo de gobierno. Pero lo que hoy me ocupa es el despilfarro que todo esto supone. Los datos facilitados por la propia Concejalía de Movilidad son más que elocuentes.

Durante la vigencia de los CRT la velocidad comercial del transporte público mejoró una media del 15%. Especialmente significativo es el dato del Camino de Ronda, con una mejora media del 37%.

La mejora en los tiempos y el coste del servicio del Taxi se situó en un 5% en septiembre, un 10% en octubre y llegó hasta el 15% en diciembre de 2020. Los accidentes (con y sin víctimas) se redujeron por encima del 25% en comparación con los mismos meses de 2019 y las cifras fueron las más bajas de los últimos ocho años. Esas cifras son aún mejores respecto a accidentes con bicicletas o atropellos a peatones.

En cuanto al coste de este tejer y destejer resulta que los granadinos nos hemos dejado en esta broma la cantidad de 135.795,58 euros, entre pintura y señalización vertical. Dinero que no podrá ser usado para otras necesidades. Se ha gastado dos veces para volver prácticamente al lugar de partida.

Cada cual podemos y debemos sacar conclusiones. Pero que nadie me diga que el despilfarro en la gestión pública es inevitable. Las decisiones las toman personas concretas que ocupan cargos concretos y que siempre tienen la opción de hacerlo de otra manera, de hacerlo mejor.
Como digo muchas veces, esto no es solo cuestión de emociones sino también de números y éstos lo dicen casi todo.

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Columnista
Miguel Martín Velázquez

Asesor del grupo municipal de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada

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