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Lunes, 20 de Noviembre de 2017

Vegas del Genil

La Fiscalía archiva siete de las ocho piezas de la denuncia interpuesta por el alcalde de Vegas al concejal no adscrito

El Ministerio Público sólo ve indicios de delito en la "desaparición" de la máquina barredora perteneciente al Ayuntamiento metropolitano y propone al Fiscal Jefe Provincial la presentación de denuncia por estos hechos

| 16 julio, 2017 | 8:00

La Fiscalía de Granada ha archivado siete de las ocho piezas de las que consta la denuncia interpuesta por el alcalde de Vegas del Genil, Leandro Martín, el 21 de diciembre del pasado año, contra el por entonces concejal de Obras y Servicios, Reinaldo Barranco, dejando sólo abierta la referente a la “desaparición” de una máquina barredora propiedad del Ayuntamiento vegueño.

Así consta en el decreto del Ministerio Público al que ha tenido acceso ahoraGranada, fechado el 20 del pasado mes, en el que se detalla en la mayoría de los puntos “no quedar suficientemente acreditados los hechos objeto de la denuncia”.

La única pieza en la que la representante del Ministerio Público ha propuesto al Fiscal Jefe Provincial la presentación de denuncia ante el juzgado competente, por considerar que “los hechos pueden ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos”, se refiere a la “sustracción” o “desaparición” de una barredora municipal. Si bien consta la declaración del transportista contratado por el exedil de Obras para el traslado del vehículo a unos conocidos desguaces del municipio, así como la existencia en el Consistorio de un “vale” en el que se pormenorizan los servicios de la factura y la entrada en el establecimiento el 23 de octubre de 2016 de 2.800 kilos de chatarra por la que se entregaron 258 euros, “se comprueba por la secretaria municipal que la cantidad no fue ingresada en las arcas municipales”.

Sin embargo, la Fiscalía propone el archivo de las diligencias en relación a la acusación de Martín de “contratación irregular de un camión para el transporte de una serie de placas alveolares de hormigón”, dado que considera “no es posible determinar si efectivamente el pago de una parte de los portes de las vigas se efectuó con dinero del Ayuntamiento o si se hizo el pago íntegro por parte del denunciado, como así declaró el transportista”.

Como también lo hace en el punto que supuso la expulsión del grupo municipal de Ahora Vegas del que hasta entonces era el concejal de Obras y Servicios, Reinaldo Barranco, a raíz de un informe sindical en el que los trabajadores que lo firman lo acusaban de supuesto “acoso y derribo”, además de “humillación”. A este respecto el Ministerio Público concluye que, a tenor de las manifestaciones que constan en el atestado, “no concurre el tipo penal del delito denunciado y en consecuencia deberá igualmente proponerse el archivo de las diligencias”.

De igual forma se pronuncia en relación a las obras llevadas a cabo en el Teatro de Purchil y en la rotonda de las Banderas, en la que la fiscal aclara que “la falta de adopción del procedimiento legalmente establecido en la adopción de una resolución administrativa no supone siempre y de forma automática la comisión del delito de prevaricación”.

En este sentido, recuerda en el decreto que el Ministerio Fiscal “no es vigilante ni fiscalizador de la actividad de la administración” y que el “legítimo ejercicio de la acción penal sólo se justifica en la previa existencia indiciaria de un delito”.

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