Aprobado el Decreto Ley para la regulación de los VTC en Andalucía
La Junta asegura que esta normativa garantiza la "seguridad jurídica" y la "convivencia en armonía" con los taxistas
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto Ley por el que se modifica la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, por el que se regula el servicio de los vehículos de transporte con conductor (VTC).
El Decreto Ley tiene como fin garantizar el beneficio del usuario y la "convivencia en armonía" entre el taxi y los VTC, teniendo claro que los VTC están limitados por ley a dar un servicio por precontratación.
La Junta de Andalucía, según ha trasladado en una nota de prensa tras el Consejo de Gobierno, ha elaborado este Decreto ley después de que el Gobierno "haya dejado en manos de las comunidades autónomas su regulación, al suprimir el servicio urbano de VTC a partir el 1 de octubre". La normativa andaluza se ha marcado como prioridad que el ciudadano "tenga el mejor servicio", permitiendo, por un lado, que los VTC sigan trabajando, pero con unos requisitos "para no dañar al taxi, y que este servicio público de interés general se vea también reforzado y asegurado".
Desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda "se han debatido y negociado" las medidas que se han incluido en este decreto desde 2019 con todos los implicados: el sector del taxi y los VTC, pero también con los municipios más afectados, con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), los sindicatos y otros agentes sociales.
El Decreto Ley reúne una serie de requisitos para los VTC que "aportan seguridad jurídica" y evita medidas que han sido objeto de reclamaciones millonarias en otras comunidades, como la precontratación por tiempo que solicita el sector del taxi.
Además, establece que no habrá más autorizaciones que las que ha concedido el Estado y sólo podrá haber nuevas en un futuro si se cumple la ratio de un VTC por cada 30 taxis. Además, se fijan zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar ni circular sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos cuatro estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.
También se prohíbe la geolocalización previa a la contratación y el usuario sólo podrá saber dónde está el VTC cuando lo contrate. Asimismo, los VTC tendrán que aportar más información al registro, además de tener que superar los mismos requisitos de capacitación que los taxistas, en aras de alcanzar la profesionalización del sector y una mejor protección de los derechos de los usuarios.
Además, el Decreto Ley establece que en el reglamento se fijarán características técnicas para los nuevos vehículos VTC, que deben ser de color negro, sin rótulos ni publicidad. En cuanto al tamaño, se fijan mínimos en la ficha técnica original del fabricante del vehículo para evitar accesorios que aumenten la longitud -un mínimo de 4,9 metros, por lo que deberán ser de alta gama; 4,7 metros para híbridos/Eco y 4,5 metros para los cero emisiones-.
52 días de descanso al año
Por su parte, los ayuntamientos podrán establecer como máximo 52 días al año de descanso obligatorio a los VTC (uno por semana sin que coincidan con los días de más demanda). Igualmente, se aplicará el régimen sancionador del Estado, otorgando la potestad a los ayuntamientos para subir las sanciones a los taxis sin licencia.
La Junta de Andalucía incluirá en el reglamento una regulación de precios que evite tarifas abusivas de los VTC en determinados momentos de gran demanda. En ese sentido, se podrá establecer una tarifa máxima conforme a los principios de proporcionalidad y necesidad y previa audiencia de las organizaciones del sector, de consumidores y usuarios.
Por último, se impone a las plataformas intermediarias la responsabilidad indemnizatoria para velar por los derechos del consumidor, así como tendrán que resarcir al cliente por la cancelación del servicio contratado.
