Ayuntamiento y Palacio de Congresos negocian para resolver el impago de IBI
Economía había advertido de embargo en caso de no hacer frente a sus obligaciones, aunque tras las alegaciones de la instalación la situación ha quedado solventada
El Palacio de Congresos de Granada. Foto: Álex Cámara
El Ayuntamiento de Granada y el Palacio de Congresos en la ciudad han negociado para evitar el embargo de la instalación de congresos granadina ante el expediente que se había abierto por parte del Área de Economía del Consistorio.
El concejal de dicha Concejalía, Francisco Ledesma, ha explicado esta situación ante la "desiformación" que se ha generado al respecto y ha explicado que como Agencia Tributaria municipal tienen las obligaciones de iniciar el expediente que le fue notificado al Palacio de Congresos como se hace "con cualquier ciudadano".
Tras producirse un periodo de alegaciones, la instalación recurrió ante dicho expediente y éste quedó archivado hace "dos semanas" con sendos escritos.
"Una vez analizada por los servicios jurídicos se da una resolución y se levanta", ha añadido Ledesma, que ha ofrecido el documento en el que se resuelve la situación: "De este modo, no es sino hasta las alegaciones y la documentación aportada por la recurrente en escritos presentados con fecha de 19 de febrero y 25 de febrero, como se señala en el informe emitido por la titular del Órgano de Gestión Tributaria, cuando el Servicio de Gestión de IBI y esta Agencia Municipal Tributaria ha tenido conocimiento del posible error producido en las liquidaciones del IBI de 2012 a 2014 y su causa, en consecuencia han actuado correctamente en el ámbito de sus competencias motivado por la inactividad de la empresa a la hora de impugnar de forma correcta, fundamentada y en plazo las actuaciones administrativas que se han ido desarrollando y notificando".
El edil ha recordado que no se ha producido el embargo "en ningún momento", sino un expediente que ha quedado resuelto una vez se iniciaron las alegaciones. Lo que ha hecho el Ayuntamiento, ha añadido, es "garantizar la defensa del ciudadano", para lo que se ha "negociado y sentado" para que quedase todo resuelto "hace dos semanas".
