Citado a declarar el exalcalde de Otura por supuestas irregularidades en obras
Es investigado por un posible delito de prevaricación en relación a la adjudicación y ejecución de distintos trabajos municipales durante su mandato, entre ellas la construcción de dos aulas en el Colegio Infantil Virgen de la Paz
El Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Fe ha citado a declarar este lunes al exalcalde de Otura, Ignacio Fernández-Sanz, en calidad de investigado por un posible delito de prevaricación en relación a la adjudicación y ejecución de distintas obras municipales durante su mandato, entre ellas la construcción de dos aulas en el Colegio Infantil Virgen de la Paz.
El caso se abrió a raíz de la denuncia presentada ante la Fiscalía por el Ayuntamiento de Otura, ahora gobernado por el socialista Nazario Montes, y en él también está siendo investigado el empresario al que se le adjudicaron estas obras, presuntamente sin seguir el procedimiento legalmente establecido o con reparos del interventor.
Según consta en un decreto emitido por la Fiscalía, los hechos que se investigan giran en torno a varias obras proyectadas entre 2009 y 2013 con un valor total superior a los 430.000 euros. Una de ellas es la terminación de una serie de trabajos en la plaza de la Constitución por importe de 57.125 euros y sobre la que existe un informe de reparo del interventor por ausencia de consignación presupuestaria para pagarlos.
La Fiscalía añade que se tramitó como un contrato menor, sin seguir el procedimiento legalmente establecido por tratarse de obras complementarias a otras efectuadas con cargo al Plan Proteja.
En general, el Ministerio Público observa "importantes errores o deficiencias" en la tramitación de todos estos expedientes urbanísticos, con la "omisión de trámites esenciales".
No obstante, el fiscal pone especial atención en la ejecución de dos aulas en el citado colegio infantil por importe algo superior a los 70.000 euros. Los denunciantes sostienen que "se adjudicó al contratista investigado sin que conste procedimiento alguno que justifique ni la contratación ni el pago" y el fiscal les da razón en este punto.
Incide así en que, a tenor de su cuantía, que superó los 100.000 euros, "se omitió claramente" el procedimiento legalmente establecido adjudicándolo directamente al contratista que también está investigado en la causa, hechos que la Fiscalía denunció en su momento y que ya están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción 1 de Santa Fe.
Entre las diligencias que ha ordenado se encuentra la declaración del exalcalde y el contratista en calidad de investigados, y de la secretaria y un técnico del Ayuntamiento de Otura como testigos. Estos últimos han sido citados el próximo 23 de marzo, según consta en un auto.
