El Ayuntamiento de Granada impulsa el trámite para pagar "daños y perjuicios" a los vecinos de La Azulejera
Está "en estudio" en las áreas de Urbanismo y de Economía cómo cumplir con la petición de estas familias para que les sea devuelto el dinero que les fue retenido
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Granada ha aprobado este jueves impulsar el trámite para materializar el abono de "la cantidad correspondiente a daños y perjuicios" que haya podido generar "el mal funcionamiento de la administración local" a la cooperativa de las familias afectadas por la promoción de 125 viviendas protegidas que no llegó a ejecutarse en los terrenos de La Azulejera.
Así lo ha detallado en rueda de prensa el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Baldomero Oliver (PSOE), que ha agregado que "en ese procedimiento habrá que cuantificar el montante que cada una de las familias tendría que recibir".
Por otro lado, está "en estudio" en las áreas de Urbanismo y de Economía cómo cumplir con la petición de estas familias para que les sea devuelto el dinero que les fue retenido en concepto de licencias de obras y penalizaciones por unas viviendas que nunca se construyeron.
Se estudia "el margen de maniobra que las leyes nos dejan" para "la posible devolución de ciertas cantidades" que "fueron indebidamente cobradas", teniendo que "buscar" el Ayuntamiento "el mecanismo para suplir" ese "maltrato con las personas que componían la cooperativa", ha explicado Oliver.
Tras la llegada el pasado mes de mayo del PSOE al gobierno municipal, las 51 familias afectadas por la promoción de viviendas de protección oficial que no llegó a ejecutarse en los terrenos de la Azulejera de Granada mostraron su confianza en "alcanzar un acuerdo" con el Ayuntamiento para recuperar los 250.000 euros que adelantaron en su día por estas casas.
En este caso, la Fiscalía archivó la investigación que había abierto por posibles irregularidades en la licitación pública de los terrenos de la Azulejera por parte de la extinta empresa municipal de vivienda y suelo, Emuvyssa.
La Fiscalía dio este paso a raíz de la denuncia interpuesta por la Cooperativa La Azulejera contra Emuvyssa alegando supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación de estos terrenos públicos a una mercantil, pero finalmente estimó que los vecinos aceptaron el procedimiento y todas las obligaciones que éste conllevaba.
