El Ayuntamiento de Granada considera "una oportunidad para explicarse" la investigación de la Azulejera
El portavoz del equipo de gobierno, Juan García Montero, cree que a través de estas diligencias "todo quedará meridianamente claro"
El Ayuntamiento de Granada ha calificado de "grandísima oportunidad para dar explicaciones" tanto por parte del gobierno local como por la empresa de vivienda y suelo Emuvyssa la apertura por parte de la Fiscalía de una investigación sobre la 'Azulejera' tras la denuncia presentada por "algunos de los damnificados por este asunto" en un momento "que no es procesal".
Así lo ha declarado preguntado por los periodistas el portavoz del equipo de Gobierno, Juan García Montero, quien ha reiterado que se trata de una "magnífica oportunidad" para "poder quedarse tranquilos" dando todas las explicaciones para que el asunto "quede meridianamente claro".
García Montero ha explicado, asimismo, que la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, "siempre ha estado del lado de los afectados pero desde el punto de vista técnico, tanto por parte del personal del Ayuntamiento como de la empresa municipal, se ponían impedimentos para que se pudiera resolver de una forma más favorable".
"Si es través de esta investigación de la Fiscalía, que es la pretensión de los afectados, se resuelve esta situación será satisfacción doble por poder dar las explicaciones y por solidaridad con los afectados que se han visto inmersos en un ambiente entre los político y lo judicial y entre lo que es técnicamente correcto y un callejón sin salida", ha apuntado el portavoz municipal para concluir.
La Fiscalía de Granada ha abierto diligencias de investigación penal por posibles irregularidades en la licitación pública por parte de la extinta empresa municipal de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Granada (Emuvyssa) de los terrenos de la Azulejera para una promoción de viviendas de protección oficial que no llegó a ejecutarse.
La Fiscalía también solicita al Consistorio que aclare las circunstancias en las que se produjo una posterior cesión supuestamente irregular de derechos de adjudicación a una segunda sociedad ante la incapacidad de la primera de ejecutar las obras.
