miércoles 21 octubre
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El Pleno de Diputación debate sobre los remanentes de los ayuntamientos

El presidente provincial del PP de Granada, Francisco Rodríguez, ha arropado con su presencia a los diputados provincial del grupo popular, que ha convocado el pleno · PSOE, IU y Adelante rechazan la propuesta del PP

El presidente provincial del PP ha arropado a sus diputados en uno de los primeros actos públicos desde que fue designado el pasado domingo. Foto. Álex Cámara

La Diputación Provincial de Granada ha celebrado este jueves el pleno extraordinario convocado a instancias del PP para debatir sobre el Decreto Ley por el que Pedro Sánchez quería “hurtar” los ahorros de los ayuntamientos de la provincia de Granada.

Este decreto ha sido “tumbado” en el Congreso de los Diputados y Senado, aunque en el pleno ha sido “amparado” con su voto en contra por el PSOE granadino en la Diputación Provincial, con el respaldo de Adelante Andalucía e Izquierda Unida.

El presidente provincial del PP de Granada, Francisco Rodríguez, ha querido arropar con su presencia a los diputados provincial del grupo popular en un pleno que José Entrena ha intentado “evitar a toda costa”, hasta el punto de que ha sido la Secretaría General la que ha tenido que convocarlo ante el “silencio administrativo” del presidente de la Diputación ante el requerimiento presentado por el PP.

“El Partido Popular tenía que exigir este pleno en defensa de los derechos de los ayuntamientos frente al ataque al municipalismo que lideraba Pedro Sánchez y auspiciaba José Entrena en la provincia de Granada”, ha defendido Francisco Rodríguez.

El líder de los populares granadinos entiende la “única solución” a este problema no es que se haya rechazado este decreto en las Cámaras Alta y Baja. “El Partido Popular reclama que de los 140.000 millones de euros que España va a recibir del fondo de recuperación europeo, se pongan 5.000 millones a disposición de los ayuntamientos por igual, no solo de los que tienen superávit”, ha argumentado.

En este punto, ha recordado que todos los ayuntamientos “necesitan dinero para enfrentar la pandemia y todos los municipios están pasando un momento difícil, y el dinero tiene que ser para todos los ciudadanos”.

El grupo popular en la Diputación de Granada convocó la celebración de este pleno extraordinario el pasado 18 de agosto con la intención de “sumar” el apoyo del PP en la Institución Provincial a la “rebelión” de los alcaldes frente al Gobierno de Pedro Sánchez por su pretensión de “llevarse” los ahorros de los ayuntamientos para “pagar” las facturas de “la pésima gestión que está realizando ante la pandemia del Covid-19”.

“No solo nos dejó abandonados a nuestra suerte en la lucha contra la crisis sanitaria y económica generada, sino que Pedro Sánchez pretendía confiscar el dinero ahorrado por los ayuntamientos granadinos”, ha destacado, por su parte, la portavoz del grupo popular en la Diputación de Granada, Inmaculada Hernández.

La portavoz popular ha insistido en que la Institución Provincial es “el gran ayuntamiento de los ayuntamientos de la provincia” y resulta “insólito” que José Entrena, “lejos de posicionarse a favor del municipalismo y los alcaldes”, se “alinease” con el PSOE y ejerza de “jefe mayor de los socialistas” en lugar de presidente de la Diputación de Granada.

“Defendió lo indefendible, que era bueno dar los ahorros de nuestros pueblos a Sánchez para pagar las facturas; además de llevar implícito un chantaje a los alcaldes, al impedir que quien no prestase voluntariamente sus ahorros participase en un fondo de 5.000 millones de euros recibidos de la Unión Europea y no pudiese decidir directamente sobre las inversiones a las que se destinaban”, ha apostillado Hernández.

Asimismo, ha valorado que el PP haya “liderado” la “oposición” a este decreto, “poniendo de acuerdo a 14 grupos políticos de distintas ideologías frente a la defensa del municipalismo”.

“Necesitamos que se haga un Real Decreto mediante el que se ayude a todos los ayuntamientos de la provincia de Granada, no se roben sus ahorros y se permita invertir a los alcaldes en aquello que estimen oportuno y sea necesario para sus vecinos, no en las imposiciones del Gobierno de España”, ha afirmado Inmaculada Hernández.

Momento del pleno en Diputación. Foto: Dipgra

El Gobierno provincial pide al PP que deje de "montar circos"

El diputado de Economía, Antonio Garcia Leiva, ha lamentado que el PP “se dedique a montar circos” solicitando y forzando la celebración de un Pleno provincial para pedir que se rechazara un Decreto que fue rechazado en el Congreso de los Diputados hace dos semanas. En concreto, se trata del Decreto Ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, que finalmente no fue convalidado el pasado 10 de septiembre.

“Con esta forma de trabajar, lo que consigue el PP es perder el tiempo y hacer que lo perdamos los demás, en lugar de trabajar para buscar soluciones y herramientas útiles para la financiación de las entidades locales”, ha señalado el diputado tras el Pleno extraordinario.

También ha explicado que el Real Decreto que llevaba el Gobierno a la Cámara Baja para su aprobación, y que el PP rechaza, hubiera conseguido avanzar en materia de financiación y ofrecía soluciones a algunas de los problemas más urgentes de los municipios: la suspensión de la regla de gasto, la actualización de los ingresos por la participación en los ingresos del Estado, la prórroga para los centros públicos del 0% de IVA para la adquisición de mascarillas, un fondo de transportes de 400 millones de euros, y 5.000 millones que se iban a distribuir también a los ayuntamientos con remanentes negativos, entre otras medidas.

Además, García Leiva ha respondido a algunos de los argumentos “falsos” que el PP está utilizando en torno a esta cuestión. Por ejemplo, ha subrayado que “no es cierto que 3.000 entidades hayan tenido remanentes negativos en 2019, sino 240 municipios, y casi 8.000 tienen remanente positivo, “pero el PP mezcla la deuda para confundir”.

También ha señalado que es falso que el Gobierno fuera a devolver el remanente en 17 años. “Los propios ayuntamientos iban a poder decidir si ese remanente le era devuelto en diez o en quince años: era voluntario”.

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