IU Granada asegura que el PP modifica el ROM para "nombrar a dedo" a los altos cargos
Francisco Puentedura ha denunciado que el Ayuntamiento cuenta con 16 coordinadores y directores de áreas, "que se solapan en sus funciones y que suponen un coste anual de un millón y medio de euros en sueldos”
El grupo municipal de Izquierda Unida ha lamentado que el Gobierno Municipal del PP rechace las alegaciones que ha presentado a la última modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), “con objeto de garantizar la transparencia, la austeridad y la convivencia democrática en la gestión diaria del Ayuntamiento de Granada”, según explica el portavoz municipal de la organización de izquierdas, Francisco Puentedura.
De este modo, Puentedura ha planteado en sus alegaciones “eliminar los efectos perversos" de la Reforma Express que el Ayuntamiento aprobó inicialmente en el último pleno, "con la intención de blindar los altos cargos municipales nombrados a dedo". "Sin embargo, el equipo de Gobierno ha rechazado esta alegación al ROM. En esta propuesta IU planteaba una modificación del artículo 5 del Reglamento para que los altos cargos del Ayuntamiento, en especial los coordinadores generales de Área y Directores Generales, sean funcionarios públicos. Para ello, IU propone que sea requisito indispensable que esos altos cargos sean funcionarios, lo que implicaría introducir, de forma real, la austeridad en la gestión municipal y garantizar que estos altos puestos sean designados atendiendo a criterios de cualificación, profesión y experiencia en la gestión pública, respetando siempre los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a los puestos públicos del Ayuntamiento”, ha precisado el edil de izquierdas.
Es por eso que Puentedura ha denunciado que el Ayuntamiento de Granada cuenta con 16 coordinadores y directores de áreas, "que se solapan en sus funciones y que suponen un coste anual de un millón y medio de euros en sueldos”. De esos 16 altos cargos, según denuncia la coalición, siete no son funcionarios de carrera, “lo que implica un coste añadido de 700.000 euros al año que se podrían destinar a servicios públicos esenciales para la ciudadanía”.
