IU reclama un plan consensuado de eficacia y transparencia para la administración andaluza
La candidata de IU al Parlamento de Andalucía ha pedido la mejora y regulación del sector público andaluz mediante la reforma de la Ley de Administración de la Junta
IU se muestra partidaria de eliminar privilegios de cargos públicos con límites salariales, y se compromete a aprobar un plan de eficacia y transparencia administrativa. Foto: aG
IU ha comunicado este lunes las propuestas de la organización para la mejora de la administración y de la gestión pública. La coalición de izquierdas se muestra partidaria de eliminar privilegios de cargos públicos con límites salariales, y se compromete a aprobar un plan de eficacia y transparencia administrativa, cuya elaboración cuente con la participación de grupos parlamentarios, empleados públicos y asociaciones de consumidores y usuarios de Andalucía. Además, IU propone la inserción de planes de control internos del gasto público.
La candidata granadina al Parlamento Andaluz, María del Carmen Pérez, ha manifestado que la prestación de los servicios públicos se debe regir por los criterios de “calidad, igualdad y universalidad”, para lo cual, argumenta Pérez, “es vital construir una administración fuerte, eficaz, con leyes adecuadas, un presupuesto y personal suficiente”.
María del Carmen Pérez ha afirmado que la primera intervención que IU haga en el Parlamento Andaluz será para pedir la regulación de la administración andaluza, y reclamar “que se deslinde claramente la actividad administrativa, y sujeta al control legal, de la actividad empresarial y de fomento”. Para ello, la exparlamentaria pone el dedo sobre la reforma de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, que, según la cabeza de lista de IU, pretende alcanzar “una organización racional del sector público; suprimir las agencias empresariales y las de régimen especial; regular de manera más eficiente las agencias administrativas para delimitar las funciones y servicios públicos, así como ordenar las funciones y competencias del personal”.
La candidata izquierdista ha contemplado también la creación de un Estatuto para regular la empresa pública andaluza, con tres elementos fundamentales: “la sujeción a un plan económico, un modelo de financiación que diferencie entre el gasto y el coste de dichas empresas públicas, y el sometimiento a un control parlamentario y a la participación ciudadana”.
Izquierda Unida plantea una organización de la administración que cuente con cinco pilares: una administración general; agencias “en los casos en los que sea necesario un grado mayor de especialidad o autonomía”; empresas públicas; consorcios con otras administraciones públicas; y fundaciones, “creadas por ley con carácter excepcional, y constituidas en conjunción con otras entidades públicas o privadas, pero nunca a título exclusivo”.
También la candidata tercera, María del Carmen Cantero, ha apuntado la necesidad de establecer controles para evaluar la funcionalidad y la eficacia de los programas puestos en marcha desde las administraciones. Además, ha hablado del deseo de IU por agilizar los trámites burocráticos y eliminar trabas a los usuarios en las administraciones públicas.
