jueves 7 julio
La Capital  |   | Europa Press

IU y 'Vamos Granada' se solidarizan con los trabajadores de TG7 tras el "acoso" de la exdirectora

Ambos partidos señalan como "muy graves" los hechos denunciados por los empleados de la televisión municipal

Los grupos municipales de IU y Vamos Granada en el Ayuntamiento de Granada han mostrado este lunes su "solidaridad" con los trabajadores de la televisión municipal, Tg7, después de que hayan reiterado el "acoso" que supuestamente ejerció contra ellos la exdirectora, ahora trabajadora en el área de Bienestar Social del Consistorio.

En rueda de prensa, el portavoz de IU, Francisco Puentedura, ha considerado "muy grave" que las denuncias de los trabajadores apunten "presiones" y "mobbing", que incluyeron amenazas a una trabajadora de ser despedida si quedaba embarazada, o que llevaron a otro empleado a acabar en el hospital por un ataque de ansiedad.

"No sabemos si ese mobbing contó con la connivencia del anterior responsable político de la televisión municipal", ha dicho el portavoz de la formación, en referencia a Juan Antonio Fuentes, concejal de Personal.

Sobre la situación se ha pronunciado también Vamos Granada, que cree que estas denuncias son algo "contrario" a la nueva posición de García como personal laboral en el área de Bienestar social.

La formación, apoyada por Podemos, ha recordado que tanto Cristina García como Juan Antonio Fuentes "siguen sin ser investigados por su responsabilidad en la gestión de la televisión pública" y ha exigido que se aclare su gestión.

Además, Vamos Granada ha considerado que los trabajadores, "además de sus derechos y su dignidad, están defendiendo a toda la ciudadanía de Granada que con sus impuestos sostenía el servicio municipal de televisión".

Los trabajadores eran sometidos a "humillaciones, vejaciones y castigos colectivos", según ha indicado el representante de la plantilla, Isidro Prieto, que recientemente ha sido denunciado por posibles injurias y calumnias por parte de la exdirectora, Cristina García, que le reclama 3.000 euros.

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